Como parte del Programa básico de sensibilización y capacitación en derechos humanos, abierto a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social (SPRS) del Gobierno de Oaxaca, se llevaron a cabo cuatro módulos de trabajo sobre Prevención de Situaciones de Riesgo y vulneración de derechos humanos en el Ámbito Penitenciario, organizado por el Comité de defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), Documenta AC., y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), los días 20 y 21 de febrero en la capital del Estado.
Daniela García García, integrante de Código DH, explicó que el programa de sensibilización tiene como objetivo fortalecer las capacidades del personal de seguridad y custodia para el cumplimiento de sus funciones con apego a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
El primer módulo estuvo a cargo de Andrés Hernández Díaz, abogado con estudios de maestría en antropología social, derechos humanos, acceso a la justicia y justicia transicional. En este primer módulo se abordaron conceptos clave sobre fuentes, sistemas y normas de derechos humanos en la administración de justicia; derecho a la integridad física y psicológica; normas nacionales aplicables al ámbito penitenciario y sobre laLey General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Hernández Díaz se ha desarrollado principalmente como defensor de derechos humanos desde distintos organismos de la sociedad civil como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
En el segundo módulo, impartido por Judith Bautista Pérez, socióloga integrante del Colectivo para Eliminar el Racismo (Copera) y coordinadora del proyecto ‘Hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas’ del Centro Profesional Indígena de Asesoría, defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET), los asistentes reflexionaron sobre la situación de personas indígenas privadas de su libertad y los problemas a los que se enfrentan como la discriminación; la falta de información sobre sus derechos humanos, las nulas redes de apoyo debido a la lejanía de sus comunidades respecto al lugar donde se encuentra el centro de reclusión, y la falta de intérpretes y defensores que hablen su lengua materna.
El tercer módulo corrió a cargo de Elizabeth Olvera Vázquez, abogada integrante de la organización Mujeres Tejiendo Realidades, especialista en temas de interculturalidad, género, derechos humanos y acceso a la justicia de las mujeres indígenas.
Durante su participación, Olvera Vázquez habló sobre la actuación del personal del sistema penitenciario para prevenir situaciones de riesgo, tortura y malos tratos a mujeres privadas de la libertad. Elizabeth Olvera Vázquez actualmente es coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI).
Finalmente, el cuarto módulo fue dirigido por Manuel de Jesús Solana de Salmorán, activista de derechos sexuales y reproductivos desde hace 12 años y con quien los participantes discurrieron sobre la situación de personas LGBTTI y con discapacidad en reclusión.
Solana de Salmorán es egresado de la licenciatura de ciencias sociales y estudios políticos, con diplomados en políticas públicas y género, en educación crítica, feminismos y descolonización, y el programa de liderazgos de la Fundación Friederich Ebert.
Cada módulo tuvo una duración de cuatro horas y fueron impartidos en las instalaciones de la defensoría.