- Denuncian consultas simuladas ante la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú
Organizaciones civiles exigen hacer valer tres sentencias de juicios de amparo que la juez Primero de Distrito del Estado de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, dictó en favor de la comunidad de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para que se efectúe una consulta informada y libre, y la comunidad apruebe o rechace la construcción de la Central Eólica Gunaa Sicarú, promovida por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF).
Ante el hecho, informaron que ya iniciaron “un procedimiento de queja ante el punto nacional de contacto en Francia por incumplimiento de la empresa EDF al violar los derechos humanos y los tratados internacionales de respeto a los pueblos originarios”.
Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), explicó que se promovieron los juicios de amparo contra una serie de medidas administrativas que el Estado mexicano emitió a favor de la empresa extractiva sin antes haber garantizado el acceso a la información, la participación y el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad.
En este contexto, en octubre de 2018, detalló el abogado, la juez emitió una serie de sentencias a favor de la comunidad que “constituyen un importante precedente judicial que salvaguarda los derechos de las y los integrantes de la comunidad de Unión Hidalgo”, sin embargo, las organizaciones civiles han observado, dijo, que estos mandatos no han sido acatados por las autoridades estatales ni municipales, pues estas “siguen presionando para que la consulta se desarrolle sin apego a la sentencia del juzgado Primero de Distrito del Estado”.
López Cruz informó que los organismos de protección de derechos humanos han documentado que la Secretaría de Energía (SE) del Gobierno federal, así como una serie de actores estatales, municipales y privados, han llevado a cabo diversos actos que contravienen los lineamientos establecidos por la juez en sus resoluciones.
Yessica Sánchez Maya, abogada integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, denunció un aumento alarmante de amenazas, hostigamiento y agresiones contra las y los comuneros, así como la negativa al reconocimiento del carácter agrario de sus tierras. Aseguró además, que las organizaciones firmantes están preocupadas “de que puedan haber represalias contra la juez y las personas defensoras que están en campo, haciendo el trabajo de documentar y denunciar, tratando de exigir que la consulta sea libre, previa e informada”.
Ángel Alberto Hernández Rivera, coordinador del área jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), manifestó que como observadores de derechos humanos pudieron constatar que la información vertida en las consultas es pobre, parcial y totalmente en español y se carece de traductores. Además, dijo, el lenguaje que manejaban los servidores públicos o empleados de la empresa es totalmente técnico, poco accesible para las necesidades de información que tienen los pobladores de las comunidades.
Juan Antonio López Cruz, finalmente, detalló que el proceso de consulta en Unión Hidalgo debería estar supervisado por “una autoridad judicial federal, que cuenta con amplias facultades legales para requerir el cumplimiento de sus determinaciones, analizar y anular actos ilegales e iniciar procedimientos en contra de autoridades responsables que violenten los derechos de las comunidades”, sin embargo, “no hay dependencias federales participando en las consultas informativas, es el gobierno del estado el que está impulsando, a solicitud directa de la empresa, estas consultas. Desde ahí, aseguró el abogado, se están desacatando las sentencias dictadas por la juez e impulsando consultas hechas a modo, denunció.