El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio d 1987.
A pesar de que la tortura ha sido prohibida desde hace mucho tiempo y ello ha quedado plasmado en tratados internacionales, la tortura se sigue practicando, en muchos lugares del mundo.
En los últimos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su gobierno ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. “En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”.
Tal discurso confunde, distorsiona la realidad, representa una grave omisión y falta de reconocimiento ante la problemática hacia las víctimas, sus familias y sus contextos; como un reflejo de la negación para atender las complejidades que ello implica.
Erradicar la tortura es el propósito más alto en la cadena de avances en todos los niveles de la administración pública, es decir realizar una transformación profunda institucional, instancias de procuración de justicia, de salud, corporaciones de seguridad pública, fuerzas armadas, sistemas penitenciarios, instituciones de carácter social, entre otros.
Desafortunadamente la tortura es una práctica que sigue siendo empleada por las instituciones mexicanas. Su erradicación significa desprenderse de una tradición profundamente arraigada en muchos niveles de la administración pública: desde corporaciones de seguridad pública, fuerzas armadas y sistemas penitenciarios hasta instancias de procuración de justicia, pasando por instituciones de carácter social y de atención a la salud.
Como cada año las víctimas, sobrevivientes de tortura y organizaciones acompañantes conmemoran este día mediante la exigencia y denuncia de la impunidad que han tenido las autoridades para garantizar la investigación, justicia, reparación, prevención de la tortura, así como garantías de no repetición.
Desde CODIGODH alzamos la voz para que en México la aplicación de la Ley General contra la Tortura en todas sus disposiciones. Además, es urgente contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura así como un Programa Nacional contra la Tortura; sabemos que es necesario la creación de Fiscalías Especializadas que investiguen los delitos de tortura.
En el trabajo de defensa integral de derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas en Oaxaca, lamentamos que las sentencias por tortura siguen siendo la excepción a una práctica “endémica y generalizada”, además de que en el país las víctimas de tortura siguen sin contar con una mínima reparación que les permita reconstruir sus proyectos de vida.