Es necesario hacer de la capacitación y la sensibilización una práctica integral que identifique las necesidades de los distintos niveles en la impartición de justicia y entender los factores estructurales por los que las personas actúan con características racistas al interior de los Centros de Readaptación Social de Oaxaca, ya que a pesar de que pudieran tener conocimiento de que una persona indígena requiere otro tipo de tratamiento penitenciario, no existen los recursos para solventar el problema, sostuvo Tatiana Andrea Alfonso Sierra, en el marco de la conferencia “Reconociendo el racismo y las formas étnico raciales”, organizado por Código DH, Documenta AC., y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La conferencia se dio como parte del Programa Básico de Sensibilización y Capacitación en Derechos Humanos, abierto a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social (SPRS) del Gobierno de Oaxaca. La especialista colombiana y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguró que este programa que viene a proporcionarles mayores capacidades a funcionarios públicos y prestadores de servicio para que puedan lograr, de manera efectiva, la implementación de leyes que permitan erradicar la tortura.
“A las personas en reclusión las tratan indistintamente, cuando algunos por su situación particular necesitan atención que respondan a su origen o identidad cultural. Y muchos suelen enfrentarse a actos racistas por su fenotipo, esto es muy común cuando la persona no habla español o no habla un español perfecto, y no tiene acceso a intérpretes que le permitan expresarse en su lengua materna”, explicó la abogada egresada de Universidad de Los Andes de Bogotá, en Colombia.
Alfonso Sierra puntualizó que en Oaxaca, a diferencia de otros estados, hay más consciencia y más trabajo sobre lo que es el racismo y cómo se reproduce, esto se debe, dijo, a que las organizaciones y las comunidades locales han logrado desarrollar un marco amplio, pluricultural, que implica reconocer estructuras racializadas y recuperar el valor de la identidad de cada lengua.
La especialista, candidata a Doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, refirió que en el estado se han documentado prácticas racistas a nivel estructural sobre todo en el acceso a la salud, a la educación y valoración de las lenguas. “ Hay evidencia que muestra que las instituciones del estado dan menos acceso a personas que son indígenas, existe el racismo de la vida cotidiana pero también el que se expresa en los servicios de los funcionarios públicos, sobre todo en materia de salud, donde las personas indígenas enfrentan más obstáculos para ser atendidos”, destacó.
Detalló que para combatir el racismo y la desigualdad que se practica en las cárceles del país es necesario empezar por nombrarlo, por visibilizar la complejidad del problema al interior de las instituciones procuradoras de la impartición de justicia.
Durante su intervención, el titular la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que quienes impulsan este proceso visibilizan las prácticas sociales en los territorios donde habitan los diversos grupos y comunidades indígenas, y que es necesario ampliar este proceso de diversidad cultural a la creación de políticas públicas. Además externó su preocupación e informó que en la defensoría han recibido 179 quejas relacionas con discriminación, donde las autoridades municipales han sido las más señaladas, en un 40 por ciento de los casos.