En febrero de este año la iniciativa Ecologistas en Acción publicó el reporte “El IBEX 35 en guerra contra la vida“, un detallado análisis sobre los impactos socioecológicos y en derechos humanos de las empresas españolas que operan en varias partes del mundo.
En el informe de Ecologistas en Acción se abordan tres ejemplos de este capitalismo multinacional siendo los parques eólicos de la zona lagunar del Istmo de Tehuantepec un caso que ilustra el amplio horizonte de conflictos que empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, entre otras, provocan.
Aunque la historia de los parques eólicos en la zona del Istmo se remonta a principios de los años noventa del siglo pasado, no fue sino hasta la primera década del siglo veintiuno cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permitió mediante la privatización que empresas multinacionales comenzaran a invertir fuertemente en la región y de hecho fue Iberdrola la primera en hacerlo en el año 2005 y Gas Natural Fenosa la que más recientemente (2013) comenzó a construir parques de este tipo.
A la fecha se contabilizan 27 unidades que producen energía eólica, de los cuales el 80% pertenecen a capitalistas multinacionales.
Por si fuera poco, en el año 2018 las empresas Mitsubishi, Électricité de France y Siemens anunciaron millonarios planes para la próxima construcción de otros tres parques.
Aunque el panorama de producción masiva de energía renovable pareciera algo positivo, existen múltiples posibilidades de generar negativos conflictos que impacten severamente no sólo al medio ambiente sino también a la población que habita la región.
En el caso de las afectaciones al entorno de flora y fauna es importante mencionar que la zona del Istmo de Tehuantepec es atravezada por millones de aves cada año, algunas de las cuales están catalogadas como especies en peligro de extinción.
La instalación de los aerogeneradores expone a estas aves migratorias al peligro de choques con las turbinas de acuerdo con un estudio del Banco Mundial el cual alerta que esta podría ser la causa de miles de muertes no sólo de aves sino también de murciélagos cada año.
Sumado a esto, la construcción y mantenimiento de estos parques eólicos está provocando una alarmante contaminación del agua y del suelo ya que el aceite y otros desechos que se generan, afectan seriamente a los habitantes que en un amplio número se dedican a la agricultura y la pesca como principales fuentes de trabajo.
Otro aspecto relacionado importante con las empresas españolas instaladas en el Istmo de Tehuantepec es su involucramiento en casos de violaciones de los derechos humanos.
En primer lugar, no se ha respetado a cabalidad el derecho a la consulta de los pueblos indígenas según lo marca la Convención 169 de la OIT, un tratado firmado por el gobierno mexicano que estipula el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa en todo lo relacionado con el territorio que habitan.
Son comunes las estrategias de división y desinformación que provocan las empresas multinacionales con el fin de persuadir a los comuneros a vender sus tierras. Gas Natural Fenosa incluso ha sido señala de impedir el paso o de bloquear las rutas de comunicación hacia los terrenos de los habitantes del Istmo. Las empresas también han sido acusadas de recibir apoyo de fuerzas de seguridad gubernamentales, lo cual incrementa la militarización.
Por otra parte, las personas opositoras a este tipo de desarrollo capitalista basado en la explotación de recursos naturales, han sido amenazadas, intimidadas, arrestadas arbitrariamente, secuestradas e incluso en un caso, asesinadas. Esto es parte del peligroso panorama que viven cotidianamente activistas del medio ambiente y líderes comunitarios en Oaxaca, según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Además de que la llegada del sector de energías eólicas al Istmo ha incrementado la presencia de fuerzas armadas, también se han incrementado los peligros para las mujeres, quienes son expuestas a hostigamientos sexuales y en ocasiones extremas, forzadas a trabajar como prostitutas. Todo esto, sumado a la también notable alza de actividades del crimen organizado, han convertido a Oaxaca en la zona mexicana más peligrosa para el activismo de derechos humanos de las mujeres.
Es sintomático que desde su llegada, las multinacionales del aire no dejan de causar problemas.
A principios de marzo de este año 2018, el caso de los comuneros de Unión Hidalgo que se oponen a los parques eólicos, muestra una vez más que los problemas que se señalan en el reporte de Ecologistas en Acción continúan vigentes.
En este caso los representantes comunitarios de Unión Hidalgo denunciaron que el gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable vende permisos para un parque eólico que no fue plenamente consultado con la población; denuncian también que luego de los sismos de septiembre de 2017, continúa batallando con la reconstrucción de sus hogares.