El Foro “Avances y Pendientes de la Ley contra la Tortura en México” reunió a expertas y defensores de derechos humanos como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); CEPIADET A.C. y el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., para evaluar el impacto, limitaciones y necesidades urgentes en la aplicación de esta ley en el país, siete años después de su promulgación.
La Ciudad de Oaxaca de Juárez fue sede del foro que contó con dos paneles, en los cuales Carla Sofía Loyo, experta, subrayó que el 70% de las entidades en México aún no cuentan con una ley local contra la tortura, a pesar de que la mayoría ha establecido fiscalías especializadas. Sin embargo, enfatizó la falta de un registro público sobre casos de tortura, lo que dificulta el monitoreo y la rendición de cuentas.
“No basta con contar con fiscalías, si no se aseguran mecanismos claros de transparencia y un registro abierto”, advirtió.
Asimismo, Sara Méndez integrante de CODIGODH, destacó que el Programa Nacional de Prevención de la Tortura, articulado en torno a los artículos 69, 70 y 71 de la Ley, aún no se implementa de manera efectiva. En 2023, la Secretaría de Gobernación presentó una estrategia que, según Méndez, redujo la función de la fiscalía especializada a un rol secundario dentro de la administración pública, lo que refleja la falta de un enfoque contundente.
“La tortura sigue ocurriendo de manera generalizada en México, como lo ha señalado el Relator Especial de la ONU”, expresó, instando a las autoridades a asumir con seriedad el Programa Nacional contra la Tortura y a coordinar acciones claras para su prevención.
Otra de las voces presentes fue la de María Luisa Rodríguez, del CENTRO PRODH quien abordó el esfuerzo histórico del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, impulsado por mujeres sobrevivientes de tortura y violencia sexual en el contexto de Atenco en 2006.
Explicó que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 representó un hito en la reparación de daños, pero advirtió que aún existen retos significativos.
“El contexto de detención tiene impactos graves en las mujeres y la tortura sexual, lamentablemente, perpetúa esquemas de discriminación y violencia de género”, explicó.
Los obstáculos del mecanismo incluyen la falta de institucionalidad, recursos insuficientes y la débil coordinación entre las autoridades, además de la necesidad de incluir activamente la voz de las víctimas en el proceso.
En este Foro también se abordaron Nuevos Ámbitos de la Tortura así como la necesidad de implementar el enfoque de interculturalidad para el análisis de la tortura en nuestro país, mediante la participación del investigador Victor Mares y Gerardo Martínez de CEPIADET A.C.
El foro concluyó con un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la tortura, incluyendo no solo a los funcionarios responsables sino también a las instituciones que permiten su ocurrencia, ejemplo de ello es el caso del activista mazateco Miguel Peralta, cuya falta de coordinación entre entidades y la ausencia de voluntad política para implementar cambios sustantivos sigue siendo un obstáculo en la lucha por la justicia y la erradicación este delito.