La ONU declaró que a partir del 05 de mayo de 1992 se celebraría el Día Internacional de la Matrona o partera, con el objetivo de valorar y reconocer el valor de estas mujeres para atender a las mujeres embarazadas y el nacimiento de los bebés. La contribución histórica de las parteras tradicionales en la sociedad es vasta, entre otras como agentes que pueden colaborar en la reducción de la mortalidad materna y la violencia obstétrica.
Apoyar acompañando a otras mujeres a parir, es una de las prácticas más antiguas en el mundo. A lo largo de la historia han sido principalmente las mujeres quienes desarrollan estos servicios vitales de salud materna, aun con todas las limitantes para seguir llevando a cabo esta sustancial tarea que ha sobrevivido a lo largo de la historia y trascendiendo fronteras, ya que ellas en sí mismas representan en puente que prolonga la vida.
Esta ancestral práctica se lleva a cabo en nuestro país y estado principalmente en las comunidades y pueblos originarios, aunque también se extiende al ámbito urbano; recuperando las experiencias y saberes milenarios que conforman el patrimonio cultural y social de los pueblos y que se transmiten de generación en generación.
Por lo tanto, es necesario promover el respeto, reconocimiento, protección, dignificación y preservación de esta práctica y sus protagonistas, dado que en su conjunto implica el ejercicio de derechos: a la identidad cultural, integridad personal, a la preservación del patrimonio inmaterial de los pueblos y comunidades, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el derecho a la transmisión del conocimiento y a una vida libre de violencia, entre otros.
Las parteras son un referente en sus comunidades, reconocidas por las múltiples aportaciones que llevan a cabo, potencialmente pueden ser aliadas de las instancias públicas de salud en tanto éstas lo permitan para fortalecer la vida y salud colectiva. Promover, respetar, proteger y garantizar el conocimiento tradicional de la partería y su práctica, debe de ser un tema de prioritario en la agenda de salud pública como una forma de garantizar los derechos.