Es necesario y urgente el acercamiento entre instituciones encargadas de la readaptación social y las organizaciones de la Sociedad Civil para profesionalizar el sistema penitenciario y, a través de esta alianza, contribuir al combate de la tortura sistemática que se ejerce en México, afirmó Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa para la Prevención de Tortura, de la asociación Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.
Entrevistado en el marco de la presentación del Informe ‘Impunidad y negación de la tortura en Oaxaca 2017-2018’ y del ‘Observatorio contra la tortura’ (sintortura.org), organizado por Documenta A.C., El Observatorio contra la tortura, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), precisó que si los elementos de los cuerpos de seguridad pública conocen cuáles son sus deberes dentro del sistema penitenciario podrán tener un trato más apegado a los estándares de derechos humanos y un desempeño más ético y profesional.
“El sistema de justicia penal incluye a las personas que se encuentran al interior de los centros de readaptación social, pero también a los funcionarios y personal dentro de los penales. Muchas de las autoridades no conocen bien el contenido de sus obligaciones, estas conferencias nos ayudan a tener acercamientos con las instituciones, los benefician a ellos, a los defensores, pero sobre todo a los destinatarios que sufren las deficiencias en las cárceles”, aseguró el activista.
Salvador Ferrer dijo que en México existe la Ley de Ejecución Penal desde 2016, que es muy innovadora, además de la Ley General de Tortura de 2017, sin embargo el sistema penitenciario tiene enormes retos debido a los problemas estructurales y el subregistro de la tortura, “en un primer momento, es necesario hacerles ver que lo que ellos hacen es muy importante porque tiene un costo mayor o menor en violación de derechos humanos”, subrayó sobre la presentación del informe ante autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca.
El representante de Documenta insistió en que a pesar de las dificultades y los datos recabados en los informes penitenciarios en Derechos Humanos, no es imposible mejorar y cambiar las dinámicas complejas de los gobiernos , “la visión es a partir de la información, tener un diagnóstico que sirva de herramienta para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad y tengan acceso a entornos más seguros y respetuosos, y eso no puede lograrse sin la participación de los encargados de impartir la justicia y la readaptación social”, finalizó.