La secundaria 33 de Unión Hidalgo denuncia fallas en reconstrucción

La secundaria técnica 33 lleva también el nombre de un expresidente mexicano famoso por nacionalizar el petróleo, uno de los recursos energéticos más importantes de México. La escuela «General Lázaro Cárdenas del Río» está ubicada al norte de la istmeña ciudad de Unión Hidalgo, una de las localidades más afectadas en Oaxaca por los terremotos de septiembre de 2017. Y también una de las zonas donde las multinacionales del aire impulsan empresas que cada vez más encuentran la oposición de comuneros, y la apertura de actuales gobernantes.

Como en otros centros educativos de la región, los sismos de 2017 dejaron muchos daños materiales en esta escuela donde laboran casi 70 empleados pertenecientes a la sección 22 del magisterio oaxaqueño. Los mismos maestros y maestras que inmediatamente después de los terremotos de septiembre organizaron brigadas para repartir víveres y ofrecer solidaridad a la población.

Las aulas donde 400 alumnos reciben enseñanza secundaria sufrieron daños estructurales que fueron dictaminados para ser intervenidos mediante el programa de reconstrucción que coordina el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED).

Sin embargo según la Asamblea de Padres de Familia de la Técnica 33 existen omisiones e irregularidades en este proceso de demolición y reconstrucción que se realiza con el FONDEN, los fondos económicos provenientes del gobierno federal que son tramitados por la administración estatal.

Según consta en el expediente DDHPO/111/(10)/OAX/2018, el representante de los tutores, Martín Regalado, comunicó que existe desacuerdo en la forma en que IOCIFED soluciona este asunto ya que de las 12 aulas que resultaron afectadas, únicamente fueron demolidas 5 y «las siete aulas pendientes por demoler presentan daño estructural y no proceder a su demolición constituiría un riesgo latente para la población estudiantil». Frente a esto en enero de este año IOCIFED aceptó la medida precautoria de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (IOCIFED/DG/037/2018) respondiendo que «se ha atendido, evaluado y emitido el dictamen correspondiente al estado en que se encuentran las instalaciones de dicho centro educativo».

En medio de estas omisiones administrativas, en febrero de este año fueron entregadas 12 aulas provisionales para que los alumnos pudieran continuar sus estudios, aunque no se tomó en cuenta que las altas temparaturas de la región hacen necesaria la utilización de ventiladores o climas artificiales.

Aunque el caso de la secundaria 33 tiene ahora implicadas a las instituciones estatales, resulta significativo que los problemas sociales que se viven en Unión Hidalgo no sean únicamente los directamente derivados de los terremotos sino sobre todo de la mala gestión gubernamental para atender emergencias. Y también para atender las llamadas de atención de los comuneros que desde hace tiempo se oponen a la instalación de nuevos parques eólicos de multinacionales.

Por si fuera poco, la cercanía de las elecciones federales están polarizando no solamente los ánimos en esta región istmeña sino probablemente aletargando también en la forma de dar solución a estos conflictos que afectan seriamente la calidad de vida de la población, específicamente de las y los adolescentes que buscan continuar su proceso educativo.