En 2016, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en todo el mundo, siendo el año con más muertes registradas.
La criminalización de las personas que defienden su tierra y territorio, las agresiones y amenazas que enfrentan, han situado a América Latina como la región más afectada, con el 60% de las muertes registradas en el año 2016.
De acuerdo con el informe “Defender la tierra: Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente 2016” recientemente publicado por Global Witness (GW), organización que ‘lleva a cabo campañas pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos’.
Durante el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año, identificaron mediante la búsqueda y revisión de información que 200 personas defensoras fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas. “Los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales fueron un factor subyacente en casi todos los asesinatos” destaca.
El informe sitúa a México en el 11° lugar con tres defensores asesinados, Alejandro Nolasco Orta, Baldomero Enríquez Santiago y Salvador Olmos García, a quienes junto con el resto dedican este informe.
“Nuestro mensaje a los responsables de estos asesinatos es claro: Estos defensores y defensoras no murieron – se multiplicaron”: GW
Estos activistas han defendido sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, como el derecho a un ambiente sano, a participar en la vida pública, a protestar y el derecho a la vida.
El organismo evidencia que “los gobiernos no protegen a las y los activistas, mientras que la falta de rendición de cuentas deja la puerta abierta a nuevos ataques”.
Estas poderosas fuerzas marginan a las personas defensoras, calificando sus acciones de ‘anti-desarrollo’ y, a veces, arrestándolas. Muchos defensores se enfrentan a años de amenazas de muerte, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección de las autoridades”.
Los gobiernos, las empresas y los inversionistas son cómplices de esta crisis al respaldar proyectos extractivos y de infraestructura que son impuestos a las comunidades locales sin su consentimiento.
Dentro de los hallazgos, se señala a la minería como la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. Al igual que en 2015, casi el 40% de las víctimas en 2016 eran indígenas. Y aunque nueve de cada 10 activistas asesinados eran varones, las defensoras se enfrentaron a amenazas específicas de género, incluyendo la violencia sexual, el acoso a sus hijos y la discriminación en sus comunidades.
Entre los ataques que presentan las personas defensoras son:
Amenazas de muerte
Ataques violentos
Amenazas y ataques a la familia
Prohibiciones de viaje
Acoso sexual
Uso de la fuerza en manifestaciones
Chantaje
Vigilancia ilegal
Desaparición forzada
Acoso judicial
Esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias.
A medida que más proyectos extractivos fueron impuestos a las comunidades, muchas de las personas que se atrevieron a alzar la voz y a defender sus derechos fueron brutalmente silenciadas.
Cabe mencionar que el Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, presentó su informe acerca de la misión a México realizada en 2016, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual concluye que las personas defensoras deben estar mejor protegidas para que puedan desempeñar su función, y advierte un contexto caracterizado por casos generalizados de intimidación y acoso contra dirigentes comunitarios que protestan contra proyectos y operaciones empresariales.
El grupo recomienda al Estado mexicano fortalecer el mecanismo nacional de protección a personas defensoras y periodistas mediante la realización de investigaciones y la aplicación de sanciones efectivas a los responsables de las agresiones, sin que hasta el momento se haya obtenido ninguna respuesta.