- La CIDH estableció que las 11 mujeres sufrieron tortura y envió el caso a la Corte porque el Estado no cumplió su obligación de esclarecer y sancionar los hechos
- La llegada del caso a la Corte IDH es un logro histórico que acerca la verdad y la justicia en un caso paradigmático de tortura sexual a mujeres en México
Ciudad de México, 4 de octubre 2016. Las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, tras concluir el litigio de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañadas por el Centro Prodh y CEJIL, han dado un paso trascendental no sólo en su lucha por la justicia sino para impulsar cambios transformadores en el país: han llevado al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos.
En diciembre de 2015, la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le dio la razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia.
A pesar de lo anterior y de que el propio Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo el Estado no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 no hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad, aspectos que para la CIDH comprueban la falta de cumplimiento del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables.
Para las mujeres denunciantes, el contundente Informe de Fondo de la CIDH y la llegada de su caso ante la Corte IDH -a pesar de los obstáculos y demoras que pretendió imponer el Estado a lo largo del proceso- significan no sólo logros en su caso, sino una oportunidad para impulsar cambios en nuestro país. Recordamos que las denunciantes llevan años luchando contra la tortura sexual a mujeres. En el año 2014 fundaron la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta práctica.
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este fenómeno de plena vigencia hoy.
El análisis de la Corte IDH de ciertos aspectos del operativo policiaco de mayo de 2006 -incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la CIDH- será esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad sujetos a estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades.
El caso Atenco es muestra paradigmática de la impunidad vigente que posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos. La sentencia de la Corte IDH podrá ser una herramienta importante para combatir estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de documentación de los hechos y el análisis de los órganos del Sistema Interamericano.
Finalmente, la lucha de las mujeres de Atenco podría ser una oportunidad para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura sexual.
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