AI:México no puede esperar más por verdad y justicia

El pasado 24 de mayo Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2012, así también distribuyó un documento de prioridades en derechos humanos a las y los candidatos para cargos de elección popular.

vea Informe 2012

El intenso contexto de violencia al que se enfrenta México y la sistemática impunidad que caracteriza a la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos son una combinación peligrosa que las autoridades mexicanas no han logrado resolver.

El aparato encargado de procurar e impartir justicia se encuentra rebasado y no ha podido hacer frente de manera diligente a las consecuencias de una política en materia de seguridad pública que ha dejado a la población en condiciones de indefensión.

Durante la presentación de su informe mundial anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional (AI) resaltó la urgente necesidad de emprender acciones efectivas para llevar verdad y justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.

“La deuda acumulada en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano tiene proporciones de escándalo. A prácticamente seis años de iniciada la actual política en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, solo durante el año pasado, perdieron la vida más de 12,000 personas. 12,000 historias de hombres y mujeres, hermanos, hijos, padres, madres, amigos que, en su abrumadora mayoría no han recibido justicia.” Declaró Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

A pesar del avance que significó la aprobación de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resulta intolerable que quienes se dedican a informar o a defender los derechos humanos en México continúen poniendo sus vidas en riesgo al ejercer su labor, sin que los compromisos para protegerles se reflejen en los hechos.

Durante los últimos años las autoridades han fallado en adoptar medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Los responsables de la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos no rindieron cuentas de sus actos y disfrutan de impunidad.

AI ha seguido con preocupación la ausencia de los derechos humanos en el debate electoral, pero considera que el actual contexto ofrece una oportunidad para que la y los candidatos a la presidencia incluyan en sus proyectos de gobierno, reformas y políticas cruciales que contribuyan a poner fin a la gravísima situación que enfrenta el país.

Entre las recomendaciones que AI dirige a la y los candidatos se incluyen:

 Seguridad y justicia.

  • Reconocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del combate a la delincuencia y asegurar que los responsables rinden cuentas.
  • Asegurar que los sobrevivientes y las familias de quienes han sido víctimas de graves abusos tengan acceso la verdad y la justicia, así como a medidas de reparación.
  • Reformar el sistema judicial civil y militar para hacer rendir cuentas quienes sea responsables de violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
  • Adecuar el sistema de justicia para se conduzca de acuerdo a los estándares internacionales en derechos humanos, incluyendo eliminar el arraigo.
  • Poner fin jurisdicción militar en toda investigación y proceso judicial relacionado a una violación de derechos humanos

 Protección de la mujer, las personas indígenas y los migrantes

  • Implementar políticas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia que les garanticen protección y justicia.
  • Garantizar el acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en condiciones de seguridad.
  • Asegurar que las personas indígenas tengan un pleno acceso a sus derechos, incluyendo juicios justos y el derecho a acceder a servicios de salud, educación, vivienda y entre otros servicios básicos, así como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para proyectos que afectan a sus tierras ancestrales.
  • Poner en marcha un programa para proteger a personas migrantes, garantizar que tengan acceso a la justicia y crear una base de datos que recoja información sobre los abusos en su contra.

La protección a los defensores de derechos humanos y los periodistas

  • Garantizar la plena implementación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Asegurar la investigación eficaz de los ataques, asesinatos, amenazas, detenciones y procesamientos infundados en contra de periodistas y defensores.

 Política exterior y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

  • Comprometerse a una política que fomente el respeto a los derechos humanos e integre una amplia participación de la sociedad civil.
  • Mantener una cooperación continua con los mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales, incluyendo la implementación de sus recomendaciones.
  • Ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México aún no sea parte, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  • Usar la voz y el voto en organismos internacionales para asegurar el avance de la protección de los derechos humanos, incluyendo contribuir a un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas Pequeñas y Ligeras efectivo.

AI considera que es el indispensables para quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular ser consientes del papel fundamental que los derechos humanos cumplen, y de acuerdo a esto considerar que ningún programa de gobierno puede estar completo sin compromisos creíbles en esta materia.

“En el actual contexto de violencia que enfrenta el país, sería irresponsable que quienes aspiren a gobernar se olvidaran de las decenas de miles de familias que permanecen a la espera de justicia, o de los casos que se pudieran evitar con medidas efectivas de protección.” Agregó Alberto Aragón.