● Miles de personas en la cárcel son víctimas de prisión preventiva oficiosa, muchas de ellas son también víctimas de tortura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió los pasados 5, 6 y 8 de septiembre de 2022 la posibilidad de anular la prisión preventiva oficiosa (PPO). Sin embargo, el debate no arrojó ningún acuerdo, por tanto, las y los ministros decidieron retractar su propuesta.
Tan solo en 2021, en México se contabilizaron 94 mil 547 personas privadas de su libertad que no contaban con sentencia; es decir, el 43% de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva. De ellas, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal y 82 mil 189 del fuero común, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Cabe señalar que la mayoría de las personas privadas de la libertad son inocentes a las que se les fabricó algún delito o que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como tortura, con la finalidad de que se declararan responsables de un delito que no cometieron. De ello dan cuenta los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, en donde el 43.9% de las personas encuestadas señalaron haber sido acusada falsamente o implicadas en la comisión de un delito, y el 42.1% de las personas refirió haber sido golpeada o maltratada para echarse la culpa o aceptar hechos falsos.
A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos encaminados a atender estas problemáticas, no han sido efectivos. En este sentido, el pasado 9 de julio de 2021
el Presidente de la República anunció un decreto para la liberación de personas privadas de la libertad que beneficiaría a personas privadas de la libertad que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 1) Que no han tenido una sentencia definitiva por dilación en los procesos. 2) Que hayan sido víctimas de tortura y se compruebe mediante la implementación del protocolo de Estambul. 3) Que se encuentren en prisiones federales y que no hayan cometido delitos graves.
A fin de materializar este decreto y dar seguimiento a las solicitudes de liberación, el 25 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo2 y el 13 de septiembre los lineamientos3 para la creación del Comité permanente de seguimiento, designando a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la SEGOB. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información sobre el trabajo de dicho Comité, las preliberaciones realizadas, ni la efectividad de esta política.
Resulta importante recalcar que la tortura, la fabricación de culpables y la prisión preventiva oficiosa son problemáticas que afectan de manera particular a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como personas en situación de pobreza o mujeres, cuyas vidas y la de sus familias se ven truncadas al pasar hasta más de diez años en la cárcel de manera injusta mientras no logren demostrar su inocencia. A pesar de que es un derecho, en México se ha vuelto obligación para las personas privadas de su libertad demostrar su inocencia.
Organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Abitrarias de la ONU5, externaron su preocupación por la permanencia de estas prácticas consideradas
violatorias a los derechos humanos y recomendaron al Estado Mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y en la práctica.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes destacamos la urgencia de terminar con la prisión preventiva oficiosa, la tortura y la fabricación de culpables; así como la imperiosa necesidad de la generación de políticas públicas efectivas a fin de que las personas injustamente detenidas sean liberadas y que los daños ocasionados por ello, les sean reparados de manera integral.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura