-
Solicitan la intervención de Comisión Nacional de Búsqueda para que, con fundamento en la decisión de la ONU y la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, asuma la búsqueda de Jesús Israel y coordine las acciones que permitan conocer su paradero
-
Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola, presuntos culpables del asesinato del joven y sobrevivientes de tortura, siguen presos sin sentencia
Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desapareció el 8 de julio de 2011, durante unas vacaciones en Chacahua, Oaxaca. La Procuraduría del Estado determinó el delito como robo y homicidio, en el marco de una serie de irregularidades en las investigaciones.
Carlos Moreno Zamora, padre del estudiante universitario, ha señalado en múltiples oportunidades que desde que las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición de su hijo omitieron su búsqueda inmediata, basaron la investigación en testimonios contradictorios, alteraron y fabricaron pruebas para la investigación, creando las condiciones que pusieron en riesgo su vida.
Ante la inactividad de las autoridades emprendió por su cuenta la búsqueda de su hijo, logrando recuperar el celular y la mochila con las pertenencias de Jesús Israel y ubicar el lugar donde se hospedó antes de su desaparición.
Seis meses después, el 4 de enero del 2012, el entonces el Procurador General de Justicia del Estado Jesús López López, publicó en el portal de la dependencia el esclarecimiento del caso, asegurando que Jesús Israel había sido encontrado muerto y consignaron a cuatro personas por ello, que fueron torturadas previamente para inculparse de los hechos, sin embrago, las autoridades judiciales nunca entregaron el cuerpo a los familiares, realizaron una necropsia sin cadáver y a pesar de ello falsearon un informe forense.
A consecuencia de las irregularidades en la investigación y búsqueda, en noviembre de 2015, la organización IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC., presentó este caso ante la el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien determinó que el Estado mexicano violó los derechos del joven Jesús Israel Moreno Pérez. Además, el organismo internacional, acreditó la violación de los derechos de los familiares de Jesús a “no ser sometidos a torturas ni a penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, debido a que las serias carencias y obstrucciones en la investigación de la desaparición, así como el cierre prematuro del caso por parte de las autoridades.
A pesar de que la sentencia de la ONU representó un precedente a nivel internacional ya que por primera vez, el Comité señala de manera explícita que “la investigación efectiva debe ser considerada como una obligación inherente del derecho a la vida”, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, bajo la titularidad de Rubén Vasconcelos Méndez, ha incumplido con las recomendaciones de emitidas.
En junio de 2019, la Cuarta Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó que la fiscalía fue omisa en dar cumplimiento a la recomendación 13/16 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en el caso de la desaparición Jesús Israel Moreno. Además, se ordenó el cumplimiento de la recomendación y se declaró la obligación de ésta a rendir información al TSJ de manera bimestral, para asegurar los avances.
Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, informó en una conferencia de prensa virtual, que ya iniciaron el trámite ante el Congreso del Estado de Oaxaca para proponer un punto de acuerdo en el que se cite a Rubén Vasconcelos Méndez, ante el incumplimiento de la recomendación de la DDHPO y de la sentencia internacional. Explicó que promoverán un recurso de amparo contra las autoridades de la Comisión de Atención a Víctimas en el estado y solicitarán a la Fiscalía General de la República para que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda atraiga la investigación.
Es importantes recordar que en enero de 2012, López López, entonces procurador, informó la detención de cuatro presuntos implicados: Margarito González Domínguez, Irene Méndez Graf, Honorio Corcuera Noyola y Javier Rodríguez Tapia, quien inculpó a González Domíngez y Corcuera Noyola de perpetrar, en conjunto, el asesina de Israel.
Sin embargo, Rodríguez Tapia presentó una ampliación de declaración, en la cual denunció haber sido torturado por el agente Juan Luis Vázquez Martínez para confesar. Méndez Graf obtuvo su libertad a través de un amparo, que tras ser valorado por un juez, echó abajo la acusación en su contra. Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola, ambos sobrevivientes de tortura, siguen presos sin sentencia hasta el día de hoy.
En Código DH exigimos que la fiscalía local, la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cumpla lo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, e investigen la desaparición de Jesús Israel, procese y sancione a los agentes responsables de cualquier entorpecimiento en los procesos de búsqueda y localización, concedan a las víctimas una reparación integral, adopten medidas urgentes para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro y se resuelva el estatus jurídico de Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola, quienes fueron torturados para obligarlos a aceptar un crimen que nunca cometieron.