Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez son dos afromexicanos originarios de Chacahua, quienes fueron torturados y acusados de los delitos de Homicidio Calificado (premeditación y ventaja) y robo calificado (con violencia física), en agravio del estudiante de la UNAM Jesús Israel Moreno Pérez, quien desapareció el 8 de julio de 2011 en la comunidad de Chacahua, perteneciente al Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y cuyo cuerpo no ha sido hallado.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, y el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, sostienen que el 10 de julio de 2011, aproximadamente a las 21 horas, Jesús Israel Moreno Pérez fue asesinado para despojarlo de una cámara fotográfica, un iPod y un teléfono celular.
El 4 de enero de 2012, el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Jesús López López y el Subprocurador para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Joaquín Carrillo Ruiz, anunciaron la resolución del caso con la detención de Honorio Corcuera Noyola, Margarito González Domínguez y dos personas más. Es de mencionar que llevaban arraigados desde principios de diciembre y fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por elementos de la fiscalía del estado, violando con ello su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho.
Ante la simulación del estado en esclarecer la desaparición de su hijo, el 10 de noviembre de 2015, el padre de Jesús Israel Moreno Pérez, interpuso una queja ante el Comité de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que el ejercicio de la acción penal se basó en testimonios contradictorios, autoincriminatorios y obtenidos bajo tortura de las personas detenidas. Advirtió que su hijo no portaba aparatos electrónicos como IPod ni cámara fotográfica y señaló que la investigación se basó en una ‘autopsia verbal’ (sin cadáver y sin sustento científico), fabricaciones de pruebas, alteración y sustitución del teléfono celular que portaba su hijo entre otras graves inconsistencias.
Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez siguen privados de su libertad por más de 8 años, acusados de delitos que nunca cometieron y ahora en plena pandemia y ante la indiferencia del estado arriesgados a contagiarse de COVID- 19.
Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado y coordinador del Área Jurídica de Código DH aseguró que el caso de Honorio y Margarito es un caso paradigmático de injusticia, discriminación y racismo hacia personas pertenecientes a la población afromexicana, plagado de toda la perversidad del estado para fabricar culpables a base de tortura, que impactó de manera violenta en la paz de la comunidad de Chacahua, generando un estigma imborrable entre la población.
“A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afrodescendiente”.
Hernández Rivera sostuvo que no es ninguna coincidencia que existiendo suficientes pruebas de la inocencia de Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, estén por cumplir 9 años privados de su libertad y sin sentencia, sin que hasta el momento, ningún funcionario implicado haya sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas que se utilizaron para ‘resolver’ el caso.
“Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado de Oaxaca, donde servidores del Poder Judicial y la Fiscalía General como jueces, agentes del MP, peritos y agentes Estatales de Investigación señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia en el estado”, insistió el abogado y defensor.