Hace tres meses, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Tortura, la Secretaria de Gobernación (SEGOB) de manera subsidiaria y ante la falta de respuesta de la FGR para publicar el Programa Nacional de Prevención de la Tortura, presentó la Estrategia Nacional Contra la Tortura, como un esfuerzo conjunto de 18 dependencias del Ejecutivo Federal y coordinado por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.
Cuenta con “dos ejes fundamentales: Por un lado, la prevención de la tortura, la cual consiste en fortalecer las capacidades institucionales y potenciar eficazmente el abordaje de estos delitos, así como evitar la réplica de dichas agresiones mediante acciones focalizadas e interconectadas de cooperación interinstitucional y con ello, transitar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos humanos; por otro lado, la atención de la tortura, que consiste en robustecer la asistencia que se brinda a las víctimas y garantizar que su atención tenga como objetivo superar las vejaciones a las que fueron sometidas, recuperar su proyecto de vida, así como de mitigar y sanar el impacto que esta agresión provocó en su entorno.”
El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas reconoció ante los medios que “el programa para la prevención de la tortura debe elaborarlo, publicarlo e implementarlo la Fiscalía General de la República (FGR), pero aún no está listo y no se ha publicado.”
La Estrategia Nacional contra la Tortura tiene un diagnóstico que comprende temas como la movilidad humana; la violencia obstétrica; la tortura sexual; la diversidad sexual; los pueblos indígenas; niños, niñas y adolescentes; salud mental; defensores de derechos humanos y periodistas y personas privadas de la libertad.
Se generaron 66 líneas de acción para prevenir la tortura. 60 de ellas encaminadas a la prevención y 6 a la atención y reparación de la tortura. Así también, exhortó a las 18 instancias participantes a difundir contenidos para prevenir la tortura.