Urgente, saldar la deuda de justicia en Oaxaca
El estado de Oaxaca tiene la oportunidad de iniciar una transición hacia una fiscalía general que sea eficiente y eficaz, garante de acceso a la justicia a víctimas, una deuda pendiente que desde los organismos de la sociedad civil hemos enunciado, documentado y calificado como “deuda histórica”.
Después de un proceso prolongado, el pasado 25 de enero de 2023, diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Oaxaca, designaron al nuevo Fiscal General, José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien asumió el cargo para los próximos seis años con un gran reto para reestructurar el modelo de procuración de justicia que ha sido por décadas, deficiente y violatorio de derechos humanos.
Destacando que, tan solo el año pasado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) posicionó a Oaxaca en el décimo lugar nacional, de acuerdo con registros alarmantes de impunidad, el 94.2% de los delitos cometidos no se denunciaron o no se iniciaron carpetas de investigación a causa de la desconfianza hacia la institución y la falta de operatividad de la Fiscalía del Estado.
Con la llegada del nuevo Fiscal, el establecimiento de objetivos para una atención integral a las víctimas, la perspectiva de derechos humanos, autonomía y transparencia, pero sobre todo la voluntad política y más, serán la pauta para combatir los índices de impunidad que adolece el pueblo de Oaxaca y que nos obliga como organismos defensores de derechos humanos a documentar y vigilar el quehacer de dicha institución para que responda a las demandas ciudadanas y trabaje durante los próximos años con cero tolerancia a la impunidad.