Ante la reciente actualización del Protocolo de Estambul, manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes resulta necesario reflexionar acerca de los retos que ello plantea en el contexto mexicano, así como identificar los avances y limitaciones en su aplicación a partir de la aplicación de la ley contra la tortura, 2017.
Para ello en la Ciudad de México el día 12 de julio se dieron cita especialistas en el tema, así como organizaciones de la sociedad civil, quienes se encuentran atendiendo y acompañando a sobrevivientes de este grave delito y violación a los derechos humanos, reconocido como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Cabe recordar que el Protocolo de Estambul fue aprobado por la ONU en 1999, proporcionando las directrices sobre cómo investigar y documentar si una persona ha sido torturada, por lo que la documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal. De esta manera, el Protocolo de Estambul se ha convertido en un instrumento trascendental en el esfuerzo global para terminar con la impunidad de los responsables de este delito.
En este espacio de reflexión y discusión se puso de manifiesto que no estamos ante un nuevo Protocolo de Estambul, sino ante la actualización y adición de rubros que se fueron haciendo necesarios con su aplicación y la experiencia de una primera versión; asimismo que los principios éticos básicos que sustentan al Protocolo se mantienen vigentes.
Las especialistas en el tema: Felicitas Treue, Edith Escareño y Valeria Moscoso resaltaron la importancia de ir cambiando el lenguaje de los abogadxs defensores, pues es de suma importancia saber y manifestar que la carga de la prueba le corresponde al Estado y no a la víctima y su defensa, pues la investigación de la tortura debe ser de manera integral; asimismo, que los dictámenes médico-psicológico no son la única prueba de investigación para argumentar la tortura como una violación grave a los derechos humanos.
Se puso de manifiesto que la erradicación de esta grave problemática a nivel global no requiere de nueva legislación si antes no se aplica la ya existente, tomando en cuenta estándares nacionales e internacionales; los avances en la materia han permitido poner en marcha importantes mecanismos de protección y sensibilizado acerca de las necesidades y derechos de las víctimas. La tortura sigue devastando a la población mundial, con efectos catastróficos para las personas y las comunidades.
Por lo anterior se hace necesario continuar informando a la sociedad civil, capacitando y formando a sectores estratégicos y profesionales de la salud en general, cuestionar el actuar del Estado y exigir la autonomía e independencia en las investigaciones que realiza.