El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población, en él recae la atención de diversas problemáticas de todo tipo, muchas de las cuales tienen relación con el goce y ejercicio de los DDHH que el Estado (en sus 3 niveles) debería garantizar, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, por mencionar los más sentidos en estos tiempos de pandemia.
Sin embargo, siguen existiendo graves problemáticas asociadas a la actuación de autoridades municipales en cumplimiento de sus obligaciones en materia de DDHH y que derivan en violaciones frecuentes a los mismos, como las detenciones arbitrarias, es decir, sin la orden de un juez; cuando una autoridad apela a la flagrancia, pero sin razones suficientes realiza una detención basándose solo en prejuicios sobre el aspecto de las personas, y/o con uso excesivo de la fuerza sin atender los principios de legalidad, proporcionalidad, entre otros citados en el Art. 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Por ello, apelamos al actuar profesional de los cuerpos de seguridad ligados a municipios, que garanticen la seguridad y la paz, en benefició de toda la sociedad y que sea respetuosa de los derechos humanos.
Desde CODIGO DH manifestamos nuestra preocupación pues las detenciones arbitrarias se dan en un contexto de impunidad y violencia, que pueden derivar en actos de tortura, desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial, como hemos venidos denunciando en los últimos años. (Informe 2018)
Adicionalmente hay casos que evidencian no solo el uso excesivo de la fuerza pública sino también prácticas racistas contra sectores de población indígena y afrodescendiente. Por ello requerimos el desarrollo de políticas públicas acordes al cumplimiento de los DDHH desde los municipios que cumplan lo señalado en el Art 1 constitucional: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Una política pública, implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos y/o, a la obtención de mayores niveles de bienestar social, resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos señalados”, como señala la propia Cámara de Diputados.
*Parte 1 de la ponencia presentada en el Foro Gobernabilidad democrática en el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024