El movimiento magisterial en México, y particularmente en Chiapas, representa una de las mayores fuerzas políticas del país. En el transcurso de este año con la jornada nacional llamada “nueva lucha contra la reforma educativa, por la defensa de la enseñanza pública y la estabilidad laboral”, las maestras y maestros han expresado su rechazo a la política privatizadora de Enrique Peña Nieto.
El gobierno federal y est
atal ha tratado de minimizar la dimensión de las protestas en el Estado de Chiapas, obviando que a éstas se han sumado estudiantes, familias, sindicatos, transportistas, pueblos indígenas, organizaciones sociales y campesinas que han manifestado su rechazo a los actos de desprestigio y represión ejecutados en contra de integrantes de las Secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ejemplo de ello fue lo sucedido el pasado 15 de abril cuando la policía federal y estatal, lejos de todo protocolo de actuación, lanzó gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la sociedad civil en general y usó balas de goma en contra de docentes que se encontraban marchando en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez; Testimonio de ello fue ampliamente difundido a través de redes sociales y medios alternativos que publicaron las denuncias de abuso de autoridad derivado del operativo así como la presencia de grupos de choque que se infiltraban en las protestas, mientras tanto los medios oficiales ocultaron y tergiversaron la información equiparando a los manifestantes como delincuentes. Esta situación se agrava con las declaraciones del Secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, quien avaló el actuar desmedido de los cuerpos policiacos justificando “garantizar el libre tránsito”.
El 16 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó1 del uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de la ciudadanía y de la detención arbitraria de 8 profesoras, 10 profesores y tres personas más que fueron privadas arbitrariamente de su libertad y sometidos a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como del ilegal traslado de los detenidos al penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic, Nayarit, señalándoles delitos por ataques a las vías de comunicación, daños, lesiones y terrorismo, acusaciones que forman parte de un patrón recurrente por el Estado para criminalizar a quienes ejercen su Derecho a la protesta social.
No obstante estos antecedentes el pasado 15 de mayo, tras una marcha multitudinaria en la que participaron diversos sectores de la sociedad, la respuesta del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, fue la de enviar a Chiapas miles de efectivos de la Policía Federal con la intención de intimidar, reprimir las protestas y sostener la amenaza de desalojar el plantón permanente que se mantiene frente al palacio de gobierno en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.
Conforme avanzan los días de protesta y resistencia del Movimiento Democrático Magisterial, las agresiones por parte de los cuerpos policiacos son constantes y de mayor intensidad.
La represión hacia las maestras/os, que ha trastocado a otros sectores de la población, también ha generado movilizaciones en la mayor parte de los municipios de Chiapas en exigencia de:
a) Salida inmediata de la Policía Federal, como ocurrió en días pasados en Chiapa de Corzo, debido a las agresiones en contra de mujeres y niños que han salido en defensa de sus maestras y maestros.
b) Alto a la persecución judicial, detenciones arbitrarias, represión generalizada, actos de hostigamiento (sobrevuelos de helicópteros) y asesinatos contra el pueblo organizado.
c) No a la Reforma Educativa (evaluación punitiva) que atenta contra los derechos laborales del magisterio.
d) Respeto irrestricto a la movilización popular, pacífica y civil, particularmente hacia las mujeres que están en el plantón resguardando el campamento.
En este contexto, no podemos obviar el descontento popular que ha escalado el nivel de conflictividad y violencia suscitado en los municipios de Chenalho, Chanal, Oxchuc, Chilón, Simojovel y San Juan Chamula en donde los tres niveles de gobierno han dado muestra de su incompetencia haciendo uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir, controlar e imponer “la paz social”.
1 Comunicado: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160416_boletin_10_represion_estado.pdf Por todo ello, y ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS al Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, y al Gobierno Estatal representado por Manuel Velasco Coello: 1) Cesar los actos de represión hacia las y los integrantes de las Secciones 7 y 40 de la CNTE del SNTE, padres de familia, estudiantes, organizaciones campesinas y sociedad civil en general.
2) Se cancelen de manera definitiva las órdenes de aprehensión libradas en contra de las y los maestros y del Movimiento Popular Magisterial.
3) Se garantice el Derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación consagrados en nuestra carta magna así como en diversos tratados y acuerdos internacionales.
4) Se garantice en todo momento la integridad física, psicológica y emocional de las y los maestros de la Sección 7 y 40 de la CNTE.
5) Se privilegie el dialogo que contribuyan a la búsqueda de soluciones.
6) Ordenar el retiro inmediato de todos los elementos de la Policía Federal que arribó a Chiapas, ya que genera hostilidad a la población civil.
7) El pago de salarios retenidos y la reinstalación de las maestras/os despedidos por oponerse a la imposición de la Reforma Educativa. 8) Dar marcha atrás a la Reforma Educativa salvaguardando los derechos laborales del magisterio.
De manera particular, como Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C (CDMCh) evidenciamos que los actos de represión dirigidos hacia las mujeres que participan en el Movimiento Magisterial tienen por intención vulnerar su condición de género provocando humillación, miedo, tensión y angustia para romper el tejido familiar, colectivo y comunitario que sostiene la resistencia en las protestas.
Como organizaciones civiles, condenamos el uso de la violencia en contra de las mujeres y hombres del magisterio de Chiapas y exhortamos a la comunidad internacional a estar atentos y externar su solidaridad para denunciar las violaciones a Derechos Humanos cometidas por el Estado Mexicano.
Atentamente:
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco