Unos activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el estado de Oaxaca, México, han recibido amenazas. La policía cargó el 2 de febrero contra los miembros del campamento de protesta que se oponen a la construcción de las turbinas.
El 3 de febrero, Mariano López Gómez, activista comunitario que se opone a la construcción de turbinas eólicas cerca de las localidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en la costa pacífica del estado de Oaxaca, recibió una llamada telefónica amenazadora. Se cree que el autor de la llamada es un pistolero local, que dijo a Mariano López Gómez que deje de ir a la localidad de Álvaro Obregón.
El 2 de febrero, la policía estatal de Oaxaca trató de disolver un campamento de protesta, montado por miembros de la comunidad de Álvaro Obregón, que bloquea el acceso a la franja de tierra en la que una empresa privada pretende construir 132 turbinas de viento. La operación policial se llevó a cabo sin orden judicial y en aparente violación de una decisión judicial (“amparo de suspensión”) dictada el 4 de diciembre, por la que se suspendían las obras de construcción y el acceso de la empresa privada al emplazamiento mientras se resuelve un recurso judicial. Los miembros de la comunidad y la policía afirmaron haber sufrido heridas leves a consecuencia del enfrentamiento. Desde entonces, la policía ha permanecido en la zona, y los miembros de la comunidad creen que puede tratar de emplear de nuevo fuerza excesiva para desalojar a quienes protestan.
Amnistía Internacional ha recibido asimismo nuevos informes de amenazas contra Lucila Bettina Cruz Velázquez. En noviembre de 2011, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca dictó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos en octubre y noviembre de 2011.
-Instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Mariano López Gómez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, los miembros de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y los defensores y defensoras de los derechos humanos que protestan contra la construcción de un parque eólico;
-Instándolas a ordenar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los ataques y la intimidación, y a llevar a los responsables ante la justicia;
-Instándolas a garantizar que, sobre la base de información fiable y exacta sobre el impacto del proyecto, se obtiene el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas por el parque eólico, que se cumple la orden vigente de suspensión de la construcción, y que la policía respeta el derecho de las comunidades a protestar pacíficamente.