- 906 personas fueron trasladadas del centro penitenciario de Ixcotel sin que hasta el momento, familiares y defensores cuenten con información clara al respecto.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), realizó el traslado de 906 Personas Privadas de su Libertad del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, la madrugada del pasado lunes 26 de octubre.
Familias y acompañantes de las personas privadas de su libertad denunciaron que se les ha negado acceder a información puntual de los traslados, certeza jurídica y comunicación con sus personas privadas de la libertad, y acusaron que hasta el momento carecen de mayores detalles sobre la condición actual de los internos trasladados.
En Codigo DH expresamos nuestra preocupación sobre la legalidad de las anteriores acciones ya que como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), tratándose de traslados involuntarios por disposición de la autoridad penitenciaria, ésta cuenta con 24 horas para notificar al o la Juez de Ejecución competente para que éste, a su vez, en un lapso de 48 horas más, califique la legalidad de dicha determinación.
Los procesos de traslado penitenciario propicia violaciones a los derechos humanos como situaciones de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes debido a que aumenta la incomunicación y la falta de asistencia de un defensor.
Estos riegos además, se potencializan debido a la emergencia sanitaria que enfrentamos por Covid-19, situación ante la cual, la población privada de la libertad no ha sido atendida con eficiencia y apego a derecho.
En Codigo DH creemos que para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de libertad y la gobernabilidad en los centros de reclusión del Estado de Oaxaca, el poder judicial necesita impulsar la legalidad en los procesos de traslados.
Hacemos un llamado para que las autoridades penitenciarias de Santa María Ixcotel atiendan el proceso de legalidad que establece la LNEP en este caso, y permitan que las personas privadas de su libertad puedan tener certeza jurídica y comunicación efectiva con sus familiares.