Presentan Informe sobre detención arbitraria contra personas defensoras de DH y documentan la tortura de la que son objeto los activistas que permanecen en prisión
• Exigen liberar a 3 defensores cuya detención ha sido catalogada por la ONU como ilegal y arbitraria
• Estado Mexicano omiso ante cinco Opiniones emitidas por la ONU
28 de noviembre, Ciudad de México.- En el marco de la celebración de los 25 años de la creación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, se presenta el Informe “Detenciones Arbitrarias e ilegales –Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México–”. El Informe documenta los casos emblemáticos de Damián Gallardo Martínez (Oaxaca), Pedro Celestino Canché Herrera (Quintana Roo), Librado Jacinto Baños Rodríguez (Oaxaca), Enrique Guerrero Aviña (Ciudad de México) y Nestora Salgado García (Guerrero), personas defensoras de derechos humanos criminalizadas por su labor en diversos estados de nuestro país.
El informe fue presentado en la Ciudad de México por Ivi Oliveira, Coordinadora de Protección para América Latina en la organización internacional Front Line Defenders –organización con sede en Irlanda que trabaja para la Protección de Personas Defensoras de Derechos humanos en el mundo–. El Informe fue presentado también por Jesús Lemus Barajas, destacado periodista mexicano quien fue preso político durante tres años en Puente Grande, Jalisco, durante el gobierno de Felipe Calderón.
El informe, elaborado por 11 organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional, da a conocer el patrón de detención arbitraria que existe contra personas defensoras de derechos humanos en México, mismo que ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.
El patrón de detención arbitraria está ilustrado con los casos de las cinco personas defensoras de DH: Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Librado Jacinto Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García, quienes han sido detenidos de manera arbitraria y han enfrentado reiteradas y permanentes violaciones a sus derechos humanos.
Ivi Oliveira, destacó su particular preocupación por la omisión del Estado Mexicano en cumplir con sus compromisos internacionales en materia de DH en particular, “por hacer oídos sordos a las recomendaciones de liberación de tres de las cinco personas defensoras que permanecen injustamente detenidas: Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña”.
Destacó asimismo que Front Line Defenders conoce de la negativa de atención y grave deterioración de la situación de salud, tanto emocional como física, de las tres personas defensoras de DH que permanecen en prisión.
A su vez, Jesús Lemus enfatizó que los cinco casos presentados en el informe son emblemáticos de un patrón de actuación del Estado contra personas defensoras de DH y periodistas, que incluye de manera sistemática: arresto ilegal sin orden de aprehensión, desaparición forzada antes de la presentación de la persona detenida, tortura, amenazas, incomunicación, confinamiento, campañas de difamación y desprestigio, violación de las garantías al debido proceso, entre otras violaciones a DH.
Ivi Oliveira reiteró el rol fundamental que desempeñan las personas defensoras de DH a favor de la consolidación del Estado de Derecho y la transformación social hacia una sociedad más justa, y en este sentido el carácter urgente de garantizar los derechos y seguridad de las personas defensoras de DH en México, iniciando con el cumplimiento a las recomendaciones de las opiniones de la ONU.
Ambas personalidades urgieron a la liberación inmediata de Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña, quienes permanecen en ilegal detención; así como el cese de toda acción penal contra Nestora Salgado García, quien si bien fue liberada el 18 de marzo de 2015, continúa siendo perseguida y criminalizada; además, exigen la reparación del daño a quienes ya fueron liberados, sanción a los responsables, reconocimiento público de que el Estado violó derechos humanos, indemnización compensatoria, rehabilitación física y psicológica y garantías de no repetición.
Cabe decir que los tres defensores que aún permanecen en prisión fueron víctimas de incomunicación, tortura entre otras violaciones a DH al momento de su detención y a lo largo de su encarcelamiento siguen siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos así como de tortura.
Pese a que el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, emitió las opiniones consultivas en las que le solicita al Estado Mexicano su liberación, atención médica y reparación del daño, hasta el momento el Estado Mexicano es omiso, con lo que pone en entredicho su respeto a los derechos humanos y su compromiso con garantizarlos, además de que pone en evidencia que ello sólo se queda en el discurso frente a la comunidad internacional.