Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 05 de Noviembre de 2026
1. A la Fiscalía General de la República
2. A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
3 .Al Poder Judicial Federal
4. Al Poder Judicial del Estado de Oaxaca
5. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
6. Al Congreso de Oaxaca
7. A los Organismos Internacionales de Derechos Humanos
8. A la opinión pública y los medios de comunicación
Las organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y firmantes del presente documento, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la persistencia de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en México y particularmente en el estado de Oaxaca, así como por las deficiencias institucionales que continuán obstaculizando su prevención, investigación, sanción y reparación integral. A más de nueve años de la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el reconocimiento jurídico de la prohibición de estas prácticas no se ha traducido en garantías suficientes para proteger la integridad de las personas, especialmente de los abusos de autoridad cuando se encuentran detenidas o bajo custodia de las instituciones de procuración de justicia y seguridad.
La persistencia de la tortura exige reconocer no solamente las deficiencias de las instituciones encargadas de prevenirla y sancionarla, sino también las condiciones de desigualdad y discriminación que incrementan la exposición de determinadas poblaciones a estas violencias. En el caso de las personas integrantes de comunidades y Pueblos Indígenas, el racismo estructural, las barreras lingüísticas y el desconocimiento de sus derechos pueden profundizar las condiciones de indefensión frente a las instituciones de seguridad y justicia.
Por lo anterior, exigimos:
A la Fiscalía General de la República
Garantizar la implementación efectiva, evaluación y seguimiento del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, a partir de la actualización del diagnóstico publicado en febrero de 2025 y la emisión de las metas e indicadores pendientes, que reflejen la situación actual del fenómeno y que sean consensuados con otros sectores de la población como las víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, así como fortalecer el Registro Nacional del Delito de Tortura mediante información pública, actualizada y desagregada que permita identificar a las diferentes poblaciones, respetando su autoadscripción y la protección de sus datos personales.
A las Fiscalías Generales de Justicia de los estados y en especial a Oaxaca, un fortalecimiento interno para las y los operadores que investigan y dan seguimiento al enjuiciamiento de casos; que sus investigaciones se ajusten a estándares de prontitud, eficacia, exhaustividad e independencia; que se reconozcan las responsabilidades de las y los superiores jerárquicos; y que no sometan a las víctimas a prácticas revictimizantes. Además de que en la práctica se integre la perspectiva intercultural, de género e interseccional.
Cabe mencionar que la dictaminación médica-psicológica conforme al Protocolo de Estambul sigue enfrentando retos ante la falta de personal calificado para su aplicación. Por ello, insistimos, en que las y los fiscales consideren como prueba directa el testimonio de la víctima y datos de prueba circunstanciales, así como dar valor probatorio a los peritajes independientes cuando estos se puedan realizar con consentimiento de la víctima.
Asimismo, exigimos una política de apertura y rendición de cuentas frente a las víctimas, sus familias y la sociedad civil, mediante mecanismos periódicos y públicos (sin poner en riesgo la reserva de las investigaciones ni los datos personales) que informen sobre los avances, rezagos, determinaciones y sanciones en los casos de tortura, así como sobre las acciones emprendidas para transformar, fortalecer y garantizar la autonomía y eficacia de las fiscalías especializadas.
Les demandamos establecer estrategias claras, medibles y con plazos definidos para reducir la impunidad, con metas verificables de investigación y judicialización, identificación de las responsabilidades de los superiores jerárquicos, evaluación pública de resultados, y participación efectiva de las víctimas y de las organizaciones que las acompañan en el seguimiento de los casos.
Al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales de los estados, exigimos que cumplan con sus obligaciones jurisdiccionales en la erradicación de la tortura del sistema de justicia penal. Entre ellas, la de garantizar la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura, actuar con debida diligencia ante cualquier alegación o indicio de su comisión, actuar bajo los principios de Legalidad, Necesidad y Proporcionalidad, ademas de asegurar que las personas indígenas cuenten con intérpretes y defensores culturalmente adecuados durante los procedimientos judiciales.
Asimismo, les exigimos fortalecer la comunicación interinstitucional con las fiscalías y garantizar que, ante cualquier manifestación, indicio o información que permita presumir posibles actos de tortura, se dé vista de inmediato a la autoridad ministerial competente, con información suficiente, clara, precisa y verificable para activar una investigación efectiva y poder evita violaciones al Derecho a la integridad personal y a la vida, Derecho a la legalidad y seguridad jurídica y Derecho a la reunión pacífica y la libre expresión.
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Garantice la aplicación de su Mecanismo Estatal de Prevención de la Tortura, fortalezca sus acciones de supervisión, documentación y protección frente a posibles actos de tortura, particularmente en centros de detención, e impulsar medidas de atención y reparación integral que consideren las necesidades lingüísticas, culturales y las posibles afectaciones comunitarias de las víctimas.
A los Congresos de las entidades federativas, y en particular al Congreso del Estado de Oaxaca, exigimos que, en ejercicio de sus atribuciones presupuestarias y en cumplimiento de la Ley General contra la Tortura, asignen recursos suficientes y sostenidos para garantizar la operación efectiva de las fiscalías especializadas en la investigación de tortura. Estos recursos deben permitir contar con personal ministerial, policial y pericial especializado, infraestructura y equipamiento adecuados, así como capacidad para realizar dictámenes médico-psicológicos conforme al Protocolo de Estambul y garantizar una atención con perspectiva intercultural, de género e interseccional. Exigimos, asimismo, que las asignaciones sean identificables y su ejercicio esté sujeto a fiscalización y rendición de cuentas.
La falta de presupuesto no puede seguir siendo una justificación para incumplir las obligaciones de investigar la tortura y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.
Al Gobierno de México, exigimos visibilizar el fenómeno de la tortura, cuya comisión es generalizada y probadamente sistemática en México, para erradicar esta grave violación a los derechos humanos.
Reiteramos nuestra solidaridad con las personas sobrevivientes de tortura, sus familias y las organizaciones que las acompañan en la búsqueda de verdad y justicia. La erradicación de estas prácticas exige transformar las condiciones institucionales que permiten su reproducción, reconocer las afectaciones diferenciadas que enfrentan las víctimas y garantizar que ninguna persona sea privada de sus derechos por su identidad, lengua, origen o condición social.
¡Justicia, verdad y reparación integral para las víctimas de tortura!
Firman
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C.
Word Justice Project WJP
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO)
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA
Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos AC
Luna del Sur A.C.
Comité Nacional de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas
Centro de Producción Autónoma Comunitaria de Comunicación Indígena “Tejiendo Voces, Cosechando Raíces
Colectiva Tëkaampë Ayuuk Toxëjk
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C. (GESMujer)
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C.
Podcast Yo Veo Mamíferos.
Trans-Dífusion A.C
Tequio Jurídico A.C.
Paulina Ríos, Página3