Palabras y reflexión de Abigail Castellanos.
Xhkarhenle blarhe, zerhenle rhento niga chhonchho toze ne bene birhachho chheledié lo da steve, zeechho niga rhakan to chhonabarhaxhe che shogochho bene xhachho niga.
Agradezco mucho este espacio para compartir la presentación de Las Ausentes, un libro que nos obliga a detenernos, a escuchar y a mirar una realidad que por mucho tiempo ha permanecido fuera de la conversación pública: la desaparición de personas indígenas y afromexicanas en Oaxaca.
Este libro no sólo reúne historias.
Nos coloca frente a una pregunta profunda sobre el tipo de Estado que hemos construido y sobre aquello que seguimos permitiendo como sociedad.
Porque cuando hablamos de desaparición, no hablamos únicamente de cifras o expedientes.
Hablamos de vidas interrumpidas.
De familias que viven en una búsqueda constante.
De comunidades enteras que resienten una ausencia.
Y hay algo que debemos decir con claridad, la desaparición no afecta únicamente a quien no está. La desaparición produce un daño profundo y prolongado para quienes permanecen buscando. Es una forma de violencia que altera la vida cotidiana, rompe proyectos, desgasta emocional, económica y socialmente a quienes sostienen la búsqueda. Y en ese sentido, la desaparición es también una forma de tortura para las personas cercanas.
Porque vivir sin respuestas, sin verdad, sin certeza, obliga a habitar una incertidumbre permanente. Y cuando esto ocurre en pueblos y comunidades, donde la vida se construye colectivamente, donde la ausencia no se vive de forma individual sino comunitaria, esa afectación también se vuelve colectiva. La desaparición trastoca los vínculos, modifica la vida comunitaria, instala miedo, incertidumbre y ruptura social. Por eso debemos nombrarlo también así: la desaparición en contextos comunitarios constituye una forma de tortura colectiva.
Pero también hablamos de algo que este libro deja muy claro, en Oaxaca, la desaparición de personas indígenas y afromexicanas sigue siendo una realidad poco visible para las instituciones.
Y esto no es menor.
Esta invisibilización no ocurre únicamente en el terreno de la experiencia de las familias; se reproduce también en el ámbito institucional mediante la ausencia de información pública diferenciada, la falta de metodologías de investigación culturalmente pertinentes y la inexistencia de mecanismos robustos que permitan comprender las particularidades que atraviesan estos casos.
De acuerdo con datos que señala el libro, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de 2015 a enero de 2026, registrado 260 personas desaparecidas, 200 hombres y 60 mujeres. Sin embargo, estos datos no incorporan variables diferenciadas que permitan identificar cuántas de estas personas pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos. Al grado de que la respuesta institucional es que ninguna de las personas es indígena.
Esto resulta especialmente preocupante en una entidad cuya composición demográfica es 65.3% población que se autoadscribe indígena y 5% que se autoadscribe afromexicana.
La ausencia de datos diferenciados no es una omisión meramente técnica.
Implica una limitación estructural para comprender la dimensión real del fenómeno y, por tanto, para diseñar respuestas institucionales adecuadas.
La producción de información pública es también una forma de reconocimiento. Y cuando el Estado no produce información que permita nombrar estas realidades, contribuye a su invisibilización.
Esta preocupación se vuelve aún más relevante cuando contrastamos las cifras oficiales con los registros construidos por organizaciones de la sociedad civil. Consorcio Oaxaca, ha documentado 915 mujeres desaparecidas entre 2022 y mayo de 2025.
Estas diferencias obligan a formular preguntas sustantivas:
¿Qué está dejando fuera el registro oficial?
¿Qué vidas no están siendo contadas?
¿A quiénes se está dejando fuera de la verdad?
Estas preguntas recorren de manera transversal las historias contenidas en este libro.
La documentación advierte patrones reiterados que dan cuenta de una ausencia persistente de enfoque diferencial en la atención institucional.
Trabajar desde un enfoque diferencial supone identificar cómo factores como la pertenencia a un pueblo, comunidad indígena, afro, la lengua, el género, la condición socioeconómica, la edad y las desigualdades históricas producen impactos diferenciados y exigen respuestas institucionales específicas.
En contextos como Oaxaca, ello implica incorporar de manera obligatoria una perspectiva intercultural e interseccional y eso implica que las instituciones reconozcan la diversidad lingüística, territorial, formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas y afromexicanos, y que adecuen su actuación a estas realidades. Comprender cómo múltiples factores de exclusión pueden concurrir simultáneamente, profundizando condiciones de vulnerabilidad y generando barreras específicas para el acceso a la justicia.
Las historias documentadas muestran con claridad la ausencia de estos enfoques.
Encontramos familias que deben recorrer largas distancias para acudir a instituciones centralizadas en espacios urbanos; familias que enfrentan obstáculos económicos severos para dar seguimiento a investigaciones; familias que no cuentan con acceso oportuno a información clara y comprensible; familias que atraviesan procesos sin acompañamiento con pertinencia cultural y lingüística adecuada.
La falta de personas intérpretes durante la denuncia y a lo largo de las investigaciones no es una falla menor. Constituye una barrera directa al ejercicio del derecho de acceso a la justicia. No puede hablarse de debido proceso cuando la comunicación entre autoridades y familias está limitada o condicionada por barreras lingüísticas no atendidas por el propio Estado.
Asimismo, el libro documenta tiempos institucionales incompatibles con la urgencia que caracteriza la búsqueda de personas desaparecidas.
Existen retrasos para iniciar denuncias, demoras para activar fichas de búsqueda, dilaciones injustificadas en diligencias elementales y largos periodos sin información sustantiva para las familias.
Casos como el de Mayra, cuya ficha fue difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda varios meses después de su desaparición, exactamente 7, es un ejemplo particularmente preocupante de esta falta de oportunidad institucional.
En materia de búsqueda, el tiempo no es una variable administrativa., es un elemento determinante para la localización.
Las demoras no son neutrales, producen consecuencias concretas sobre la posibilidad de esclarecimiento.
Otro aspecto especialmente grave que emerge en estas narrativas es la insistencia institucional en cerrar procesos sin agotar debidamente los estándares de verdad y certeza exigidos por el derecho a la verdad. Como el caso que ustedes tendrán la oportunidad de conocer, donde a una mamá se le obligaba a reconocer un cuerpo que no era de su hija, esto, porque al Estado le urge concluir procedimientos sin garantizar plenamente a las familias información suficiente y verificable.
Esto vulnera no sólo el derecho al acceso a la justicia, sino también el derecho a la memoria y a la verdad.
Las familias tienen derecho a procesos diligentes, exhaustivos, transparentes y respetuosos de su dignidad, no a respuestas orientadas por la lógica administrativa del cierre institucional.
Las historias que nos comparten también muestran algo fundamental frente a las insuficiencias estatales, la organización comunitaria se convierte en un espacio central de acompañamiento y búsqueda.
Las redes comunitarias, las autoridades locales y los vínculos territoriales sostienen buena parte de los esfuerzos iniciales de localización.
Esto plantea una pregunta indispensable:
¿qué mecanismos existen para articular a las autoridades comunitarias con los sistemas estatales de búsqueda?
La respuesta, hasta ahora, es que no existen.
La coordinación entre justicias estatales y comunitarias en materia de desaparición continúa siendo una deuda pendiente.
Finalmente, para quienes estamos aquí, escuchando, acompañando desde diferentes frentes, este libro también nos interpela. Nos exige revisar críticamente nuestra propia posición frente a esta crisis.
La desaparición no puede seguir siendo comprendida como un problema privado de determinadas familias. Es una violación grave a derechos humanos que compromete a toda la sociedad.
Nos exige construir formas más robustas de solidaridad pública, escucha activa y exigencia colectiva.
Implica abandonar lecturas simplificadoras o prejuiciosas que minimizan el fenómeno y asumir la responsabilidad ética y política de acompañar estas exigencias de verdad, justicia y memoria.
Las Ausentes hace una contribución fundamental en este sentido.
Nombrar estas historias y documentarlas constituye una forma de resistencia frente al silencio institucional.
Este libro no habla por las familias; genera condiciones para que sus experiencias puedan ser escuchadas y comprendidas en toda su complejidad.
Para cerrar mi intervención, quisiera recalcar algo que se ha venido nombrando y exigiendo durante estas semanas, con la visita del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, y esta semana con la visita de la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México se está viviendo en una grave crisis de derechos humanos, por lo tanto, al Estado le corresponde escuchar. Escuchar no como gesto simbólico, sino como obligación jurídica. Escuchar para transformar. Escuchar para decir la verdad. Escuchar para construir respuestas institucionales culturalmente pertinentes y materialmente eficaces.
La deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos sigue vigente. Nombrarla no es un acto retórico. Es una exigencia.
Y mientras esa deuda persista, seguirá siendo necesario documentar, señalar, exigir, acompañar.
Muchas gracias. Xhkarhenle
