A 8 años de la publicación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, ihnumanos o degradantes seguimos con pendientes importantes en su implementación.
La ley general ha permitido un reconocimiento de la problemática de la tortura en México, ante los reiterados señalamientos de distintas instancias nacionales e internacionales de derechos humanos sobre su permanencia especialmente como un método de investigación policial. Hacer cambios profundos en la investigación de la tortura es urgente, especialmente en lo que se refiere a personal capacitado en el tema y en la documentación, pues el rezago en la investigación de estos casos se ha supeditado a la aplicación del Protocolo de Estambul, cuando no se ha incrementando el personal especializado.
Buscar estrategias para abatir el rezago estructural en la investigación de los casos de tortura que las fiscalías locales y federal es una necesidad apremiante ante los altos niveles de impunidad en el país; por ello urgimos a abrir espacios de discusión para buscar soluciones, involucrando a diversos actores y respondiendo a las recomendaciones internacionales como las vertidas en la Sentencia del caso Digna Ochoa de la COIDH.
Recordamos que recientemente en el mes de febrero fue publicado el Programa Nacional de Prevención de la Tortura, por un mandato judicial vía amparo, ante la negativa reiterada de la Fiscalía General de la República para hacer público el documento que se ha trabajado con OSCs desde 2019. Urgimos también a contar con una ruta de trabajo que permita la participación amplia de instituciones públicas, académicas, víctimas y OSCs, para concretar acciones de prevención a nivel local.
Este día también queremos recordar a todas las víctimas de tortura, quienes aún no han podido recuperar su tranquilidad y salud; y a quienes se les a arrebatado la vida y no han podido obtener justicia.
Exigimos un alto a la impunidad.