Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de junio de 2023.- Organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil oaxaqueña agrupadas en la Plataforma de Derechos, elaboraron y presentaron este lunes la “Agenda de Derechos Humanos”, misma que surgió como un referente colectivo para fortalecer el proceso de nombramiento y funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y de las instituciones que integran los tres poderes del Estado.
La Plataforma de Derechos está conformada por los organismos civiles:
Caminos A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C.; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA DH), Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Nduva Ndandi A.C.; Colectivo de Mujeres de Ayutla; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Defensores por la Justicia; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); Las Consejeras Oaxaca; Luna del Sur A.C.; OaxacaTrans A.C.; Piña Palmera A.C.; Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Tequio Jurídico A.C.
A través de un trabajo colaborativo de diálogo, reflexión y análisis del contexto actual en materia de derechos humanos en Oaxaca, el documento presentado está centrado en las experiencias de acompañamiento a problemáticas que generan violaciones a los derechos humanos en el Estado de Oaxaca y pone especial énfasis en la impunidad, violencia institucional, inseguridad, salud y medio ambiente, problemáticas que se consideraran vulneran derechos de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Pueblos indígenas, Comunidades afrodescendientes, Migrantes, Personas con Discapacidad y a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.
Actualmente, si bien han ido en aumento la elaboración de documentos, protocolos, acuerdos, etc., también es cierto que urgen esfuerzos, para implementarlos y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de la población oaxaqueña.
Al final, la “Agenda de Derechos Humanos” contiene una serie de recomendaciones que como organizaciones consideran necesarias y urgentes atender para evitar la continuidad de violaciones a los derechos humanos. Se puntualiza que, ante la falta de justicia, las instituciones contribuyen a la re victimización de la población. Además, es preocupante la falta de un enfoque desde una perspectiva integral en la creación de la política pública para brindar atención a los diferentes sectores de la población.
Recomendaciones:
- Desarrollar mecanismos eficaces de protección y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente, frente a casos de violencia contra las mujeres; con énfasis en violencia sexual por parte de las autoridades de administración y procuración de justicia, con perspectiva de género e interseccional que permitan avances sustanciales en la mejora de la atención a las mujeres.
- La implementación de políticas públicas para garantizar la eficacia de las leyes; garantizando procesos de planeación, seguimiento y evaluación, desde el enfoque de género y con participación de la sociedad civil.
- La desnaturalización de las diversas formas de violencia contra las mujeres de todas las edades, a todos niveles de la administración pública, que permita una mejora en la calidad de la atención hacia las mujeres que acudan por los diversos servicios que se ofrecen para ellas.
- Garantizar el acceso a los servicios de salud, especialmente sexuales y reproductivos en todo el estado, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
- Apoyar proyectos de mujeres y el fortalecimiento organizativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
- La existencia de servicios periciales especializados en las instituciones de procuración y administración de justicia, con un enfoque de niñez y juventudes, para una adecuada atención de los casos.
- La desnaturalización de la violencia y desigualdad desde las edades más tempranas en todos los niveles de la administración pública.
- La atención a la violencia escolar –no como hecho aislado o un problema de personalidad– sino involucrando a los diversos actores escolares: personal directivo, personal docente, madres, padres de familia y estudiantes de los diversos niveles educativos.
- El diseño e implementación de políticas públicas que afiancen la visibilización, concientización, promoción, protección y garantía de los derechos de la población LGBTTTIQ+, capacitando a las diversas autoridades del Estado, principalmente de las encargadas de la procuración y administración de justicia y policías.
- Libre acceso al desarrollo de la personalidad sin restricción de edad para la realización del trámite administrativo de identidad de género ante el Registro Civil.
- La penalización de los delitos que la policía cometa contra la población LGBTTTIQ+, y que se ven reflejadas en detenciones arbitrarias, acoso y hostigamiento.
- La creación e implementación de medidas legislativas y administrativas que permitan ejercer el derecho a recibir servicios de salud libres de prejuicios y discursos patologizantes.
- Implementar mecanismos de protección de territorios de pueblos originarios y personas defensoras frente a proyectos que generen contaminación o incluso afectaciones a la relación especial que los une con la tierra, territorio y la naturaleza.
- Generar condiciones favorables para que los pueblos indígenas puedan poseer y operar sus propios medios de comunicación, en el marco de la garantía de la libertad de expresión.
- Respetar el ejercicio de los sistemas normativos indígenas y las decisiones de las asambleas respecto a sus territorios, costumbres e instituciones propias.
- Reconocer y fortalecer los sistemas de participación y nombramiento de cargos y elección de las autoridades comunitarias, especialmente de las asambleas como máxima instancia de decisión.
- Reconocer las decisiones, aporte económico, social y cultural de las poblaciones afrodescendientes en el estado de Oaxaca.
- Dejar de utilizar en el discurso institucional el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, para validar o aprobar proyectos de interés de los gobiernos federal, estatal y municipal que afecten la tierra, territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas.
- La atención oportuna por parte de las instituciones públicas. Que éstas brinden información clara a las poblaciones migrantes en tránsito y poblaciones locales expulsadas de sus territorios.
- El fortalecimiento de la atención especializada a las poblaciones en movilidad a través de las instituciones como IAIMO y el Sector Salud.
- Garantizar un enfoque social y de derechos en todas las políticas públicas, con garantías para el cumplimiento de la accesibilidad universal y ajustes razonables en instancias públicas, además de la creación de espacios con sistemas de apoyo para personas con discapacidad, que contribuyan al fortalecimiento de su autonomía e inclusión para una mejor calidad de vida.
- Garantizar el acceso a la justicia a través de la asistencia de intérpretes de lenguas de señas y sistemas de comunicación alternativa para los casos de personas con discapacidad, así como una efectiva vigilancia y sanciones en el incumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.
- Implementar mecanismos de apoyo para la presentación de denuncias y el desahogo de pruebas para quienes presentan algún tipo de discapacidad
- Garantizar el principio Pro persona desde las leyes estatales y reglamentos municipales para favorecer procesos de vida independiente.
- Fortalecer la educación incluyente en cualquier nivel educativo y un trato equitativo en programas sociales como Bienestar, así como un fortalecimiento de la atención accesible a la salud desde el cuadro de atención a la salud básico.