- Nuevas irregularidades detectadas en el amparo interpuesto para lograr su libertad.
- La documentación de la tortura sigue pendiente, en un contexto de nuevas vulneraciones de derechos, como el aislamiento a que esta siendo sometido uno de ellos.
En diciembre del 2011, ocurrió la detención arbitraria Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, afromexicanos a quienes se les acusó injustamente de ser los responsables del asesinato de un estudiante desaparecido en la costa de Oaxaca.
Después de un periodo de arraigo y sufrir tortura, han tenido que enfrentar un proceso penal plagado de serias irregularidades. El Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, a través del expediente penal 01/2012, ha sido el responsable de valorar y documentar los hechos que le son imputados a Honorio y Margarito, sin embargo, y después de más 10 años, la fase de instrucción no ha sido concluida, y menos aún emitida sentencia.
Por esta razón, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. interpuso un amparo ante la falta de observancia de la presunción de inocencia y el debido proceso; la falta de sentencia dentro del expediente penal 01/2012, la excesiva prisión preventiva, y la falta del cumplimiento del principio y derecho a no ser discriminados, mismo que fue admitido por el Juzgado Sexto de Distrito con residencia en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.
No obstante, de haber obtenido una sentencia favorable, tanto Honorio como Margarito y Código Dh, han considerado fundamental exigir una sentencia más integral y con perspectiva más garantista, por ello han decidido interponer un recurso de revisión, el cual actualmente se encuentra en trámite.
Mientras el proceso jurisdiccional avanza por lo que respecta al recurso de revisión del amparo interpuesto, hemos tenido conocimiento que el Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido ha solicitado la realización del Protocolo de Estambul ante la tortura denunciada, ordenando la realización de esta valoración en un contexto de aislamiento de uno de los detenidos al interior del penal de Tehuantepec donde se encuentra privado de libertad, lo que consideramos arbitrario e ilegal pues constituye TORTURA BLANCA.
Esta acción de parte del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, representa una nueva vulneración a sus derechos humanos y actualiza la tortura que pretende documentar, al someterlo a un aislamiento innecesario en la zona de castigo del penal, privándolo de medidas sanitarias adecuadas, alimentación y trabajo, por lo que pedimos la intervención inmediata de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pues no se trata de una medida garantista, por el contrario se vive como un castigo adicional al denunciar la tortura.
.