En el marco del Acuerdo para el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, firmado en noviembre de 2020 por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO), la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos (CADH) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), hemos llevado a cabo diferentes actividades que nos han ayudado a generar reflexiones que abonen a clarificar la labor de promoción y defensa de los derechos humanos en el Estado.
Esta labor en Oaxaca se ha desarrollado de manera individual, grupal y también de manera colectiva, y aunque no ha sido necesario un reconocimiento formal, se ha vuelto una urgente necesidad su reconocimiento institucional, sobre todo para hacer frente a las agresiones y descalificaciones de quienes desarrollan esta labor de manera pública.
Como parte de estas actividades hoy jueves 4 de febrero, realizamos un Panel de Personas Defensoras en el que nos acompañó la Coordinadora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO -Guadalajara, Alejandra Nuño; el Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre y la Lingüista mixe y defensora de DDHH, Yásnaya Aguila Gil, con quienes abordamos algunas ideas claves sobre las obligaciones del Estado en el reconocimiento del trabajo de las defensoras y defensores comunitarios, y algunas herramientas para la construcción de un diálogo interinstitucional que sirva en el estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones y metodologías que incorporen mejores prácticas de prevención y protección.
En este sentido, Alejandra Nuño expuso el caso de La Alerta Temprana y el Plan de Contingencia Chihuahua, implementada de manera formal en 2017, que implicó una apertura al intercambio de experiencias entre las organizaciones de sociedad civil con autoridades, y que evidenció que esta colaboración interinstitucional exige ‘voluntad política y coordinación de las autoridades estatales y federales, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial’.
Durantes su participación, Santiago Aguirre destacó la obligación que tienen las instituciones de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de personas defensoras. Dijo que ‘la investigación diligente de las agresiones, amenazas u hostigamientos en contra de un defensor o defensora, constituye el medio esencial para mitigar efectivamente la situación de riesgo que enfrentan, y enfatizó que ‘esto también ha sido reconocido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien ha dicho que la mejor forma de protegerlos [a los defensores] es luchando contra la impunidad. La mejor forma de protección que pueden tener los defensores es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas’, aseguró.
La lingüista y defensora, Yásnaya Aguilar Gil, contextualizó la lucha que mantienen las mujeres en el conflicto por el agua en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, y que se ha visto agravado por la pandemia. Analizó además el conflicto desde la interseccionalidad, la discriminación por género y el nulo enfoque diferencial y especializado en la atención a víctimas que pobladores y defensores comunitarios de la Sierra Mixe han vivido.
Es importante informar que esta es la segunda de una serie de actividades programadas entre las instituciones firmantes del acuerdo. La primera se llevó a cabo el pasado jueves 21 de enero, con Edgar Cortés Morales, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), donde se desempeña como coordinador de proyectos.En esa ocasión Cortez Morales destacó el importante papel que juegan las defensoras y los defensores de derechos humanos para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos, explicó cómo se define o quién es una persona defensora en México y finalmente, abordó las formas más frecuentes de criminalización contra personas defensoras y comunidades.