- El acceso a la salud, a la autoderminación y a la autonomía alimentaria son los principales desafíos a los que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en América Latina.
Se llevó a cabo el Seminario Virtual ‘El derecho a defender derechos en el contexto de la Covid_19’, organizado por Brigadas Internacionales de Paz y el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Victoria de la Universidad Carlos III de Madrid, con la finalidad de generar un espacio de reflexión crítica que abonara a resolver algunas preguntas sobre el impacto de la pandemia en la defensa de los derechos humanos, y al fortalecimiento del trabajo de personas defensoras en el contexto de la emergencia sanitaria.
El seminario contó con la participación de Danilo Rueda, de la Comisión Interclesial de Justicia y Paz en Colombia; Lilian Borjas, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en Honduras; Alex Márquez, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Ancestral en Guatemala; y de Sara Méndez, coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha Oaxaca (Código DH); Rubén Mantecón, de Brigadas Internacionales de Paz-PBI Estado Español, estuvo a cargo de la moderación.
El encuentro virtual fue realizado en el marco de la 14a. edición del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional con énfasis en los riesgos y desafíos generados por el Covid-19 en América Latina.
Las defensoras y defensores participantes abordaron las diferentes líneas de acción en las que participan desde sus organizaciones y comunidades. Hablaron sobre los avances y desafíos a los que se enfrentan los activistas en la defensa de los derechos humanos, los cuales, coincidieron, se han visto violentados exponencialmente a consecuencia de la emergencia sanitaria que, para los países en desarrollo, ha representado un enorme desafío dados los contextos de violencia, pobreza y marginación que muchas comunidades de por sí mantienen.
Sara Méndez, coordinadora de Código DH, explicó que en México, el estado de emergencia está exacerbando la marginación de las comunidades indígenas. El derecho al internet, dijo, sigue sin ser un derecho de todas las personas. El acceso a la información, también es algo que por muchos años se le ha negado a las comunidades, a los pueblos indígenas y a las poblaciones empobrecidas.
En México, aseguró, como en muchos países de América Latina, la justicia es un lujo. Los niveles de impunidad son muy altos, y a pesar de las denuncias constantes de las organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del país, su incidencia no se ha podido abatir. Ahora, en un escenario en donde el distanciamiento social y la solicitud de quedarse en casa como consecuencia del Covid-19 se insertan en las dinámicas sociales, denunciar la violación de un derecho es casi imposible.
Sara Méndez, refirió que las comunidades indígenas que trabajan en la defensa de sus territorios contra proyectos extractivos, como las del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, han visto un incremento en la violencia y el riesgo de agresiones hacia las personas defensoras por parte de las empresas extranjeras que se aprovechan de algunas medidas por la emergencia nacional sanitaria, especialmente del confinamiento, para despojar a los pueblos e imponer sus proyectos o ampliar sus operaciones sin consultas previas o evaluaciones de impacto ambiental como lo marca la ley.
Ahora más que nunca, precisó, se debe garantizar la organización comunitaria. ‘Pensar que las comunidades son menores de edad, que necesitan tutelaje o que no son capaces de organizarse por sí mismas y que siempre debe haber una mano externa que mueva los hilos es una idea generalizada y equivocada que beneficia a los invasores, aseguró.
Aunque tenemos avances en materia de los derechos de los pueblos indígenas en México, afirmó Sara Méndez, ‘para hacer frente a la defensa de los derechos humanos urge reconocer que los pueblos indígenas no están en igualdad de condiciones que las empresas o que los gobiernos, o que los partidos políticos. Los puebos y comunidades indígenas rara vez tienen acceso a la consulta, a la información y el acceso a la tecnología que necesitan para entender los impactos impactos y las implicaciones que tendrán en sus territorios, en el tejido social y en la vida comunitaria los proyectos extractivos’.
Finalmente, explicó que otro desafío importante que enfrentan muchas comunidades es la defensa de su salud es el acceso al agua. El agua es un bien que se está privatizando en muchas comunidades y pueblos indígenas de México. Atender las recomendaciones sanitarias es casi imposible por la falta de acceso a los sistemas de distribución o la escasez de agua potable.
Luego de la charla, los participantes coincidieron que en América Latina, las comunidades que han logrado resistir mejor la pandemia son las que han logrado autonomía alimentaria y autogobierno porque les permite gestionar sus tierras y recursos mediante sus cultivosy medicina tradicionales, y advirtieron que es urgente implementar una estrategia sanitaria con enfoque intercultural, que permita garantizar plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la salud, a la alimentación, respetando el acceso a sus territorios ancestrales.