A partir de la implementación de la Guerra contra el Narcotráfico, iniciada en 2006, el país ha sufrido el incremento de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura.
En su reporte Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca. Informe sobre Tortura y Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2017-2018, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) señala que de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Integridad Personal y Privación de la Libertad en su art. 7, “toda persona tiene derecho a la liberad y la seguridad personal; nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados o Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios; toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella; toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso”.
El informe también especifica que el art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Lo anterior resulta especialmente importante porque de acuerdo al reporte de Código DH, en el informe La situación de los Derechos Humanos en el mundo 2017-2018, Amnistía Internacional reportó que el número de detenciones arbitrarias generalizadas en México seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además subraya que, según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en 2016, en Oaxaca se sustraen a personas sin órdenes de detención un 21.5 por ciento más que el 20.3 por ciento de la media nacional.
Las detenciones arbitrarias, aclara el informe sobre tortura publicado por Código DH, “no contienen las mínimas garantías para la persona en detención, no existe una orden para detenerla y en la mayoría de los casos, ésta ocurre con exceso de violencia por parte de los cuerpos policiales que las ejecutan”.