Debate por la diversidad, no prioriza en derechos humanos de la comunidad LGBTTI

LGBT rinbow flag and clapping hands

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Esta semana han emergido discusiones que evidencian la falta de apertura por parte de grupos legislativos para erradicar la discriminación cuando de diversidad se trata.

La simple palabra diversidad comprende limitantes según el discurso y la intencionalidad de quien la retome, hace meses, el presidente de la república proponía la inclusión de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI) de México, a través de la iniciativa propuesta en mayo pasado, para modificar el código Civil Federal y plasmar ahí la intención del matrimonio sin discriminación.

Lo anterior fue puesto en duda por los mismos grupos a los que incluía, pues en vísperas de elecciones todo discurso por parte del ejecutivo federal, aludía a la comunidad LGBTTI a unirse a los votantes  a favor del  Partido Revolucionario Institucional.

Hoy vuelve la discusión a raíz de que diversas organizaciones civiles de la diversidad sexual presentaran una queja ante la secretaria de Gobernación para pedir que pusiera orden a las asociaciones religiosas las cuales han lanzado mensajes contra la comunidad de la diversidad sexual y por las que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha abierto  investigaciones contra 27 ministros de culto, 25 de ellos católicos, por declaraciones homofóbicas.

*Incluso recabaron 200 mil firmas ciudadanas para pedir “resguardar” el matrimonio civil tradicional.

La iglesia, por ser un grupo de poder y con gran influencia en la sociedad, obstaculiza el proceso y avance de la iniciativa ya interpuesta “Están intentando, las asociaciones religiosas, promover la desigualdad, incitar a la violencia, imponer sus discursos de odio, sus dogmas de fe, como imposiciones sociales” declaró Lolkin Castañeda, activista por la diversidad sexual al portal de noticias Reporte Índigo.

Y hay que recalcar que en continuos debates, tal parece que el tema de la inclusión del matrimonio igualitario se considera como una cuestión moral más que un tema de Derechos Humanos.

La polémica no solo ha surgido por parte de los grupos religiosos, también ha llegado a las discusiones e inconformidades de los grupos políticos conservadores encargados de  la legislación de nuestro país, desde los  ya evidentes partidos de derecha “conservadores”, se han sumado los partidos de izquierda quienes a su muy particular discurso tampoco se han mostrado a favor.

No se trata de una inclusión a la libertad de culto o que las comunidades de diversidad sexual, pretendan ejercer esta libertad junto con grupos religiosos de los cuales ya han sido objeto de discriminación y violencia.

Se trata de una incorporación y respeto de sus derechos humanos en la constitución de nuestro país, tampoco es una “modificación”, al artículo 4 constitucional  que expresa:

“El varón y la mujer son iguales ante la ley(…). Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”

La propuesta más allá de “modificar” las prácticas sociales o cosmovisiones, pretende incluir y detallar las leyes para fomentar una sociedad participativa, democrática y sin discriminación.

Por ahora legisladores han aclarado que la propuesta no será una prioridad en el próximo periodo legislativo, sin embargo la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia ha alertado del aumento  de casos de violencia por homofobia.

Tan solo el pasado mes de julio se cometieron 26 asesinatos en contra de personas de la diversidad sexual en  todo el país.

Por otra parte, cabe resaltar que en México, más de 7 mil 500 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio. Las entidades que ya han avanzado en sus leyes y permiten casarse sin tramitar un juicio de amparo son nueve: la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Morelos y Quintana Roo.

IMPORTANTES AVANCES 

La CIDH destaca que en abril de 2016, la Vicepresidenta de la Comisión de la Diversidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exhortó a que el Jefe de Gobierno instruyera a las dependencias de dicha capital para que contraten dentro de su plantilla laboral a por lo menos el uno por ciento de personas trans, siempre y cuando acrediten cumplir con las habilidades técnicas y conocimientos requeridos para ocupar el puesto.

El 30 de junio del 2016 la Secretaria de Defensa de Estados Unidos de América anunció la adopción de nuevas regulaciones que permitirán a las personas trans servir en el servicio militar sin discriminación y acorde a su identidad de género. Dichas regulaciones serán implementadas gradualmente en el transcurso de un año.

La CIDH saluda estas medidas que constituyen pasos fundamentales que buscan incentivar el acceso de las personas trans a esferas públicas y a un mayor ejercicio de sus derechos económicos y sociales.