Condena nacional a las ejecuciones de activistas en Guerrero

  • OSC exigen justicia y protección para integrantes de la Unidad Popular de Ayala, Guerrero
  •  Llaman a las autoridades estatales y federales a no permitir más impunidad.

Ciudad de México a 06 de junio de 2013. Boletín 12/2013

 Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) condenamos la desaparición de 8 miembros de la Unidad Popular de Iguala, Guerrero y la posterior ejecución de 3 de los luchadores sociales desaparecidos: Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román.

Cabe recordar que estas desapariciones y posteriores ejecuciones fueron perpetradas después de que los activistas se manifestaran el día 30 de mayo en la caseta de cobro ubicada en la periferia de la ciudad de Iguala exigiendo la construcción de obras comunitarias y dotaciones de fertilizantes.

 A lo largo de los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado casos de agresiones en contra de personas defensoras y activistas en el estado de Guerrero. En todos ellos impera la impunidad que permite a su vez, que este tipo de violaciones a derechos humanos continúen perpetrándose.

Externamos nuestra preocupación sobre la situación de vulnerabilidad en la que realizan su labor los defensores, activistas y luchadores sociales en el estado. De acuerdo con el registro con el que cuenta la Red TDT, entre el 2012 y el primer semestre del 2013 se han registrado al menos 30 agresiones en contra de personas defensoras y/o activistas sociales. Los tipos de violaciones a derechos humanos más comunes perpetradas en contra de este grupo social, a lo largo de los últimos años incluyen amenazas, amenazas de muerte, agresiones físicas, detención arbitraria o ilegal, uso excesivo de la fuerza pública, ejecución y otras violaciones a los derechos humanos de los y las personas defensoras. La desaparición de personas defensoras en el estado no es un fenómeno nuevo, recordamos a las autoridades guerrerenses la deuda que existe con los familiares y la sociedad civil en general, por la desaparición de Sr. Marcial Bautista Valle, Presidente de la Organización Campesina de Ecologistas de la Sierra de Petetlán y Coyuca de Catalán A.C (OCESPyCC), y de la Sra. Eva Alarcón Ortiz, Coordinadora de la misma organización, desde el 8 de diciembre de 2011. Urgimos a las autoridades a emprender la búsqueda inmediata de estas y otras personas.

Es deber del Estado garantizar y proteger el ejercicio a la defensa de los derechos humanos frente a todo acto de violencia, amenaza, represalia, discriminación, presión u otra acción arbitraria emprendida como reacción a su ejercicio legítimo tal como lo establece la Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas.

Hacemos un llamado al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal a pronunciarse públicamente condenando estos lamentables hechos y cualquier agresión cometida contra luchadores sociales y/o personas defensoras. Exigimos se lleve a cabo de manera pronta, una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre las ejecuciones de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román así como llevar a los responsables ante la justicia.. Asimismo exigimos se garantice la seguridad e integridad física y psicológica de Héctor Arroyo Delgado, Jaime Castelón, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa y cualquier miembro de la Unidad Popular de Ayala y de cualquier persona que ejerza su derecho a manifestarse y denunciar violaciones a sus derechos humanos.

Atentamente,

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 20 estados de la República Mexicana)