En los últimos años de la historia reciente de Oaxaca, se han documentado un sin número de casos de violaciones a Derechos Humanos, por organismos estatales, nacionales e internacionales, públicos y no gubernamentales, que han evidenciado diversas problemáticas en esa materia realizando una serie de recomendaciones que están pendientes de implementación por parte de las instituciones del Estado.
Durante 2011-2012, se han implementado una serie de leyes y reformas que intentan regular la protección de los derechos humanos en la entidad, a la par de estas acciones legislativas se han creado instituciones con la intención de proteger y prevenir de forma amplia los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, estas acciones no se han traducido en la protección y garantía de esos derechos, contrario a ello, los índices de impunidad no disminuyen, lo que sin duda es resultado de la debilidad de las instituciones y de la falta de armonización de la legislación vigente.
Ante esta problemática, hemos realizado el presente Informe que da cuenta de la situación de los derechos humanos en Oaxaca a dos años del actual gobierno, en temas de relevancia como la situación de tortura, de personas defensoras de derechos humanos, de acceso a la justicia en la Región Amuzga; los pendientes de la política pública en derechos humanos, entre ellos la justicia transicional y la reparación del daño en el caso 2006, así como la situación que enfrentan comunidades indígenas ante los megaproyectos, que generan una gran conflictividad social, como es el caso de San Dionisio del Mar. A través del presente se hacen evidentes los grandes pendientes en materia de Derechos Humanos y la impunidad imperante.
Con el animo de ser propositivos, desde cada capítulo CODIGO DH expone una serie de recomendaciones a diversas instituciones como el Congreso del Estado de Oaxaca, Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Al Titular del Poder Judicial en el Estado, Procurador general de justicia del estado, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación de derechos humanos del Ejecutivo, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y a la Autoridad Municipal de San Pedro Amuzgos.
Esperamos que este esfuerzo sirva como instrumento que ayude a subsanar los obstáculos existentes para que Oaxaca cuente con una política pública en derechos humanos como eje transversal, que sea palpable por la sociedad, así como de acciones de Justicia para la construcción de un futuro con mejores perspectivas.