México DF. A dos meses de ser evaluado por el Comité contra la Tortura de la ONU, se publica el informe sobre el fenómeno de la tortura en México, cuya práctica sigue siendo un modus operandi en el sistema de justicia.
• ACAT-Francia, el CCTI, el Centro Prodh, el Centro Frayba y Código DH proponen en el informe una serie de recomendaciones para el Estado mexicano a fin de terminar con esta práctica violatoria de los derechos humanos.A finales del próximo mes de octubre, el Estado mexicano será evaluado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (Comité CAT) el cual examinará las medidas implementadas por México para cumplir con sus obligaciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 1986.
En diciembre de 2006, el Presidente electo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, declaró
la “guerra contra la delincuencia”. La estrategia política ha consistido en desplegar entre 50 y 60 mil miembros de las Fuerzas Armadas en las calles para llevar a cabo tareas de seguridad pública que le competen a las fuerzas civiles.
La tortura, práctica violatoria de los derechos humanos, es una de las muchas llagas que deja la presente administración a unos meses de dejar el poder.
La información contenida en el presente informe se basa principalmente en una misión de investigación realizada del 2 al 18 de julio de 2011, durante la cual ACAT- Francia (Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura) mantuvo contacto con varias asociaciones y pudo entrevistar a víctimas y familiares de víctimas, así como representantes de los poderes ejecutivos y judiciales, comisiones públicas de derechos humanos y la delegación de la Unión Europea. Por último, se recopilaron otros datos a lo largo del año pasado, a partir de nuevos casos presentados a ACAT-Francia y de los avances legislativos, jurídicos e institucionales.
El análisis se basa en ejemplos que involucran a 11 estados de la República y que corresponden principalmente a un periodo reciente. No obstante, el informe vuelve a tratar también casos “del pasado”, puesto que son clave para esclarecer la persistencia de la situación de la impunidad.
Sin embargo, otra política es necesaria. ACAT-Francia, el CCTI, el Centro Prodh, el Centro Frayba y Código DH proponen en el informe una serie de recomendaciones para el Estado mexicano a fin de terminar con esta práctica violatoria de los derechos humanos. Entre ellas destacan la eliminación de la figura del arraigo inconstitucional; otorgar validez a los dictámenes médicos y psicológicos que aplican las comisiones
públicas de derechos humanos como peritajes del Protocolo de Estambul y no como prueba documental; reformar el artículo 57 del Código de Justicia Penal Militar con la finalidad de excluir de su jurisdicción todos los casos de violaciones a los derechos humanos y transferir a la jurisdicción ordinaria la totalidad de archivos de denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos; adoptar reglamentos de aplicación para la puesta en marcha rápida y operacional de la reforma del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas y reforzar los mecanismos de control internos y de rendición de cuentas de los agentes de las policías judiciales, los ministerios públicos, las procuradurías y los jueces.
La administración del próximo Presidente Enrique Peña Nieto tendrá un gran desafío en este tema ya que tendrá que implementar las recomendaciones que dictará el Comité CAT para terminar con la práctica de la tortura en nuestro país.
ACAT-Francia (Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura),
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código-DH), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Centro Frayba), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)