- Castigo a los responsables de la represión en 2006
- Acciones concretas contra la Impunidad
- Derecho a la Verdad
- Política de atención a los Derechos Humanos con instituciones autónomas.
- Alto a la criminalización de la protesta social.
A 5 años del conflicto social que vivió Oaxaca hacemos una breve revisión de aquellos temas que siguen pendientes en materia de Derechos Humanos. Sin duda, en este proceso de transición que enfrenta Oaxaca, los temas de justicia e impunidad son de gran relevancia en la Agenda Social y Política del nuevo gobierno.
1. Castigo a los responsables de la Represión en 2006
La falta de acceso a la justicia se encuentra muy arraigada en el estado, y las medidas adoptadas para procesar a los responsables la represión en 2006, de asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, hasta hoy han sido nulas. Esto a pesar de que se siguen varias investigaciones y se han documentado varios casos de graves violaciones de derechos humanos. Más aún, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la responsabilidad plena del exgobernador Ulises Ruíz en la violación de garantías individuales.
2. Lucha contra la Impunidad
La lucha contra la impunidad requiere de acciones concretas. El gobierno del Estado ha creado una Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para retomar la investigación que dejo de realizar el órgano de procuración de justicia en años pasados, creada en marzo pasado está pendiente el nombramiento de un Fiscal que cumpla con el perfil adecuado para garantizar investigaciones profesionales, imparciales y apegadas a la verdad y con una perspectiva de respeto a los Derechos Humanos.
Es importante evitar el involucramiento de funcionarios ligados al regimen anterior y que desde su función han impedido la investigación de los abusos y de las violaciones a derechos humanos. Como fue el caso del primer Fiscal nombrado, Guadalupe Lucas López Figueroa identificado como un juez de consigna.
Por otra parte, la falta de eficacia en el mandato de la procuración de justicia se refleja en las múltiples violaciones al Debido Proceso Legal por parte de Ministerios Públicos, Peritos, y Policía Ministerial. Sus actos contribuyen a una nula aplicación de las normas, invalidando sus propias averiguaciones al ser revisadas por los órganos de imparticion de justicia, generando la falta de castigo a los responsables de delitos y en algunos casos llevan a procesos injustos a personas inocentes como hemos visto a lo largo de estos 5 años.
3. Derecho a la Verdad
El gobierno del Estado ha comprometido ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (diciembre 2010) el fin de la impunidad, justicia y respeto a los derechos humanos, así como rendición de cuentas. Para lograrlo, consideramos que no basta la creación de una Fiscalía, es necesario que el Estado garantice el Derecho a la Verdad sobre los hechos ocurridos en 2006 para evitar que vuelvan a repetirse.
El Derecho a la Verdad abona a la paz, la justicia, la reparación del daño, la reconciliación, el reencuentro social y la progresividad de los derechos humanos. Consideramos que Justicia y Verdad son un binomio indispensable en la lucha contra la impunidad, y en Oaxaca, atender ambas es necesario y urgente.
4. Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Recientemente se realizaron reformas a la constitucion local, la reforma planteada en materia de derechos humanos no retoma temas centrales de la impulsada a nivel federal. Con ello Oaxaca ha quedado al margen y rebasado por la reforma federal que ha sido aprobada y públicada el viernes pasado.
Finalmente no podemos dejar de mencionar la urgencia de poner en marcha una verdadera política de atención a los derechos humanos, con instituciones independientes y autónomas, que no guarden un silencio complice ante las flagrantes Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado, como sucedió en 2006 con la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos.
5. Criminalización de la protesta social.
En Oaxaca, como en otras partes del país, se equipara a las y los manifestantes con delincuentes, con ello se ilegaliza la protesta social y se crea un ambiente de encono que no ayuda a la reestructuración del tejido social. Insistimos, la protesta social es una manifestación del descontento social. Ante estas señales es que el nuevo gobierno debe actuar, para garantizar los derechos humanos y construir un verdadero estado democrático, dejándo atrás el autoritarismo que ha caracterizado a los gobiernos de la entidad.