En el marco del Conversatorio “Avances y pendientes en la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en Oaxaca” realizado en la DDHPO, el segundo panel contó con la participación de Manuel Canto, sociólogo por la Universidad Autónoma de México; Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Samuel Castellanos, Fiscal Especial para los Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca.
Manuel Canto puntualizó la importancia de los derechos humanos como ejes de la generación de políticas publicas, ya que éstas, las políticas públicas, surgen a partir de una demanda social politizada. “Las políticas públicas para hacer realmente eficaz la aplicación de un derecho deben contener tres elementos primordiales: Valores, lo que se debe hacer; Conductas, las obligaciones del gobierno y Estrategia, los pasos para alcanzar esos valores y esas conductas deseadas.
Señaló: “Las políticas públicas nos deben hacer transitar de una situación real o problema, a una situación deseada, que a partir de normas y valores se construyan hipótesis de solución que nos lleven a acciones efectivas, con recursos disponibles y potenciales para que mediante la evaluación se compruebe que realmente se transido a la situación deseada. Hay que reconocer que el ejercicio de los derechos esta permeado por relaciones de poder y por ello la sociedad no puede permanecer pasiva frente a la creación de políticas publicas.”
Para Arturo Peimbert, ha sido insuficiente esta reforma constitucional que realizó el congreso local en 2011 e inició su intervención preguntándose: “¿Cómo hacemos para que la ciudadanía Oaxaqueña tenga acceso a estas aspiraciones que ya están plasmadas en la reforma constitucional de 2011 a nivel federal? Oaxaca vive un proceso transicional de la conquista jurídica a la practica de los derechos, pero corremos el riesgo que se convierta en un proceso demagógico si la ciudadanía no respira un ambiente de respeto de sus derechos humanos”.
Agregó: “El proceso de transición derivó en la construcción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin embargo la Defensoría sigue anclada presupuestalmente a las decisiones de la Secretaría de Finanzas, además es preocupante que la presencia permanente en el discurso publico de los derechos humanos ayude a invisibilizar la realidad que atraviesan los mismos.”
Para Samuel Castellanos, Fiscal Especial para los Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, señalo: “El hecho de estar sentados en esta mesa hoy tres años después de esta Reforma planteándonos qué es lo que hace falta, implica que sigue habiendo demasiadas deficiencias en la implementación de la Reforma y esos obstáculos no son propiamente externos sino estructurales y políticos.
De manera personal, agregó: “si no hay voluntad política, y aunque haya movimientos sociales y movilización social, las políticas publicas no se construyen. La Reforma en materia de Derechos Humanos de 2011 si bien no es la panacea es muy relevante, por que así tenemos un referente normativo que nos da herramientas muy claras para poder concurrir a los Tribunales y hacer los derechos exigibles en las modalidades que sea necesario hacer y en nuestro Estado se requiere necesariamente para tener un mejor andamiaje jurídico.”
Con esta intervención fue cerrado el conversatorio “Avances y pendientes en la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en Oaxaca”.