Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a los Sobrevivientes de Tortura.
El 26 de junio de 1987 marca la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Desde 1997 se conmemora en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas: el Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a los Sobrevivientes de Tortura.
Estando a 25 años de la ratificación de la Convención por parte del Estado mexicano las organizaciones abajo firmantes, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, queremos nuevamente denunciar la situación que presenta la tortura en las diferentes regiones del país y unirnos a las voces que exigen el respeto al derecho de no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura. La impunidad para los perpetradores directos e indirectos la fomenta y la promueve, cerrándose así el círculo que mantiene a las víctimas en un estado de indefensión y vulnerabilidad.
De acuerdo con las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales estos dos crímenes de Estado – la tortura y la impunidad – son uno de los signos más característicos de este régimen del gobierno del Presidente Calderón. Su declaración de guerra contra el crimen organizado, la militarización del país, lejos de resolver la problemática, ha provocado el escalamiento de la violencia en diversos ámbitos de la vida nacional, afectando la tranquilidad y el desarrollo del tejido social de toda la población.
Las consecuencias de esta estrategia para la población han sido devastadoras un aumento de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturados, de detenciones ilegales y de ejecuciones.
Además la creciente pauperización en el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, de la población han obligado a las luchadoras y los luchadores sociales, a los indígenas, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad a realizar protestas enérgicas y de resistencia, lo que ha llevado consigo la confrontación con las autoridades federales, estatales y municipales, que han decidido aplicar la represión y la criminalización a la protesta social. Siendo estos sectores empobrecidos de la sociedad los más sometidos a detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas selectivas o masivas.
Reafirmamos que la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes es un absoluto, cuya puesta en duda socava los valores fundamentales de la dignidad humana, fundamento de toda sociedad democrática y regida por el estado de derecho.
Motivo por el cual exhortamos a las autoridades federales, estatales y locales a:
Poner en práctica la Convención Contra la Tortura ratificada por el gobierno mexicano, que exige tratar la tortura como un delito de lesa humanidad, imprescriptible y procesar o extraditar a los presuntos autores de la misma.
Así como iniciar una campaña para eliminar total y radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los torturadores, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, reparar y compensar los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades, dar instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma y tomar todas las medidas necesarias para erradicarla.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
México DF a 24 de junio de 2011.