La Plataforma de Derechos Humanos, integrada organizaciones civiles en Oaxaca, compartimos con la sociedad en general, nuestro análisis sobre la Reforma al Poder Judicial y los desafíos en razón del respeto y ejercicio de los derechos humanos.
Reconocemos la necesidad de una profunda Reforma al Poder Judicial, considerando que, en la procuración de justicia, se mantiene el 92.9% de impunidad de acuerdo a datos del INEGI. Ello significa que su impartición ha estado plagada de irregularidades, corrupciones e injusticias para las víctimas.
No obstante nos preocupa la prisa con la que se aprobó la Reforma; las instancias que quedaron intocadas (las fiscalías, ministerios públicos y cuerpos policíacos); la falta de un pluralismo jurídico respecto a la forma de impartición de justicia en los pueblos y comunidades indígenas; la forma de elegir a las autoridades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial, así como Magistrados y Jueces de Circuito y faltantes del Tribunal Electoral de la Federación y por último, destaca que sólo se avocó a la estructura, dejando intacto su funcionamiento.
Los déficits del proceso electoral
Sin lugar a duda se trató de unas elecciones sin precedente y la complejidad de la selección de candidatas y candidatos, inhibió la participación ciudadana: sólo el 13% del padrón electoral acudió a las urnas, mientras el resto rechazó y/o se abstuvo de participar.
Adicionalmente observamos un INE limitado en sus funciones, tanto por el tiempo que tuvo para organizarlas, como a la reducción del presupuesto de que fue objeto, sin tomar en cuenta la magnitud de cargos a nombrar. Ello fue evidente en el diseño de la boleta, sin que se brindara, -en tiempo y forma- la orientación adecuada a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto.
Con respecto a un proceso electoral justo, éste fue empañado porque regresaron prácticas añejas de coacción del voto, y/o la innovación de nuevas en la inducción del voto a través de los “acordeones”, que fue demostrado por consejeros y consejeras en el propio INE así como las denuncias ciudadanas, hubo 37 modelos de acordeones, que no se dieron de manera espontánea, pues en el 80% de las personas candidatas que ganaron, coincidieron con los nombres que tenían esos instrumentos.
Regresó el relleno de urnas y existen testimonios de capacitadores que observaron en el conteo, urnas previamente llenadas. O incluso de quienes observaron casillas, el hecho de algunas autoridades a quienes les hicieron firmar un documento manifestando su acuerdo con los resultados, sin contar con las firmas de la totalidad del cabildo.
Más allá del comportamiento de los partidos políticos, reconocemos y respetamos las diversas motivaciones y uso de su voto, por parte de la población:
-Quienes fueron a votar totalmente convencidos del proceso e incluso de quienes estudiaron las opciones para poder participar.
-Quienes votaron pero tuvieron dificultades para entender el formato, derivando en que muchos de ellos fueron considerados nulos por los errores del llenado.
-Quienes fueron a votar para anular su voto, ya sea dejando en blanco, tachándolas o escribiendo alguna leyenda manifestando su rechazo.
-Quienes no fueron a votar en esta jornada electoral, considerando que no iban a validar una elección, cuyos resultados ya estaban decididos, además con la ausencia, manifestar su rechazo.
Los desafíos para encauzar buenas prácticas
-Favorecer que la ciudadanía conozca a profundidad la estructura, las funciones y atribuciones del Poder Judicial, para que no les sean violentadas sus derechos humanos. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, tenemos ahí una tarea por cumplir.
Propugnar desde la sociedad organizada para que se profundice y modifique la actual Reforma Judicial, incorporando la diversidad de voces provenientes de la totalidad de los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y otros sectores.
-Vigilar que quienes fueron nombrados, respondan al mandato que tienen y observar si el tipo de sentencias, hacen diferencia con las anteriores, por ejemplo, en el caso de megaproyectos, así como que en su práctica incorporen la perspectiva de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad.
-Ejercer el derecho a la seguridad jurídica, contando con toda la información de manera comprensiva y clara de la legislación judicial, para que deje de ser sólo del uso de quienes ejercen la abogacía.
-Impedir en las futuras elecciones, -no sólo las correspondientes al Poder Judicial, sino las de los procesos ordinarios,- que el INE permita que los partidos políticos, sean quienes presionen al órgano electoral a sus propios intereses, sino defendiendo los derechos políticos de la ciudadanía.
Por último y no menos importante, es que el nuevo Poder Judicial, sea también defensor de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en su territorio, su autonomía y su libre determinación.
Caminos A.C., Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C., Centro de apoyo al Movimiento popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO), Centro de Derechos Humanos Indígenas “flor y canto” A.C., Centro de estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C., Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA DH), Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Nduva Ndandi A.C., Colectivo de Mujeres de Ayutla, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH), Defensores por la Justicia, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO), Las Consejeras Oaxaca, Luna del Sur A.C., Piña Palmera A.C., Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, Servicio para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA) y Tequio Jurídico A.C.