A finales de mayo de 2006, los maestros del estado iniciaron diversas movilizaciones promoviendo una serie de demandas relacionadas con sus condiciones laborales, sin embargo, lejos de buscar el diálogo y la negociación para resolver el conflicto, el Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, reprimió violentamente al movimiento el 14 de junio, intentando desalojar por la fuerza el plantón masivo.
A partir de esa fecha, en solidaridad con los maestros y en abierto repudio a la represión, diversas organizaciones sociales (indígenas, campesinas, estudiantiles y de la sociedad civil, etc.) constituyeron un frente de lucha amplio y plural que confluyó en lo que más tarde sería conocido como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En contrapartida, la estrategia gubernamental federal y estatal se orientó en todo momento hacia una salida represiva, cancelando la vía del diálogo político y la distensión del conflicto a través de los cauces institucionales, en el marco de la coyuntura electoral de 2006. Situación que daría paso a la feroz represión del movimiento popular a través de la acción concertada de ambos niveles de gobierno como parte de una estrategia contrainsurgente y de militarización del estado, la cual ha sido calificada por diversos autores y organismos de Derechos Humanos como Terrorismo de Estado.
A lo largo de 14 años diversos organismos nacionales e internacionales han documentado las numerosas violaciones a derechos humanos perpetradas contra la sociedad oaxaqueña a manos de las autoridades que van desde la tortura, el secuestro, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento, hasta la creación de fuerzas paramilitares encargados de rondar la ciudad y vigilar a todos aquellos sospechosos de pertenecer al movimiento popular.
La jornada de movilización se mantuvo hasta el 25 de noviembre de 2006, fecha en que la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), atrincherada en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca, repelió el cerco ciudadano que la APPO había instalado, lanzó gases lacrimógenos contra la población civil en el centro de la ciudad y empezó detenciones masivas.
Las 139 personas detenidas por elementos de la PFP fueron remitidas a los penales de Tanivet y Miahuatlán, y luego trasladadas al Penal Federal de El Rincón, Nayarit. De acuerdo a la documentación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), éstas sufrieron violaciones graves a sus derechos.
Hoy 25 de noviembre de 2020, hacemos patente nuestra exigencia de justicia para manifestar que a 14 años de impunidad, seguimos demandando castigo a los responsables y recordamos que muchas de las violaciones cometidas durante el fallido desalojo, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, son consideradas crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
Contexto
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