Amelia Hernández Merino, mujer indígena de 31 años originaria de la comunidad “La Guadalupe Amuzgos”, denunció que durante la semana 35 de embarazo, acudió a una revisión de seguimiento prenatal en la ciudad de Jamiltepec, Oaxaca, y al presentar síntomas de preeclampsia fue trasladada de urgencia al Hospital General de San Pedro Pochutla, donde le realizaron una cesárea de emergencia en la cual, además de realizarle un procedimiento de anticoncepción definitivo sin su consentimiento informado y bajo presión por la urgencia médica, le dejaron una compresa de algodón o toalla alojada en su vientre a consecuencia de una mala práctica del personal de salud el día de la cesárea que le causó una infección severa que estuvo a punto de costarle la vida, y la pérdida de 90 centímetros de intestino.
A consecuencia de las negligencias médicas Amelia y su esposo tuvieron que acudir de urgencia a un servicio de salud particular y para hacer frente a los gastos provocados por el Hospital de Pochutla tuvieron que vender su casa e interponer la denuncia penal DDHPO/049/RC/(11)/OAX/2019 en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Once meses después de haber sufrido las dos negligencias médicas, Hernández Merino nos compartió su experiencia para visibilizar su caso y evitar que otras mujeres de su San Pedro Amuzgos padezcan las severas deficiencias que el sistema de salud público presenta en esta zona altamente marginada del estado de Oaxaca.
“Acá en la comunidad muchas mujeres preferimos acudir con el curandero o a un servicio particular que nos trate mejor porque en la clínica regional una tiene miedo de que ahí la terminen de matar”, comenta.
Amelia dice que su lucha es para estas situaciones no se repitan, “que los gobiernos y el personal de salud se hagan responsables de sus malas prácticas y las mujeres exijamos plenamente nuestro derecho a la salud, a un trato digno, humano y a un consentimiento informado ante cualquier procedimiento médico o quirúrgico y en su propia lengua”, ya que para muchos grupos étnicos del estado la falta de un intérprete o traductor deriva en un mal diagnóstico o prácticas médicas abusivas.