Sociedad Civil exige justicia para Rafael Murúa y que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores(as) comunitarios(as) e indígenas.
Ciudad de México a 24 de enero de 2019. El pasado 20 de enero, el periodista José Rafael Murúa Manríquez de 34 años de edad, fue encontrado sin vida en el kilómetro 40 de la carretera Santa Rosalía-San Ignacio, varias horas después de haber desaparecido en el centro de la ciudad de Santa Rosalía, Baja California Sur. Nuestro compañero comunicador se encontraba bajo medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que desde principios de 2017 y hasta octubre de 2018 denunció haber recibido varias amenazas.
Además de su labor como periodista, Rafael Murúa era fundador y director de la emisora Radio Kashana 93.3 FM, la primer concesión de uso social comunitaria para el estado de Baja California Sur, entregada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Rafael Murúa era agremiado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) capítulo México desde el año 2015.
Externamos también nuestra preocupación por el asalto cometido contra la emisora comunitaria Radio Política y Rockanroll de Hermosillo, Sonora, ocurrido la mañana del 22 del presente, sumándose a otras agresiones similares ocurridas a la misma emisora con anterioridad.
Estos hechos obligan a reflexionar una vez más, sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores(as) comunitarios(as) e indígenas, desempeñan su labor de servicio a la sociedad mexicana.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México y los aquí firmantes, solicitamos de manera urgente al Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador; al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero; al gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis; y a la Procuraduría de Justicia del Estado de B.C.S., lo siguente:
- Investigar de manera pronta y eficaz este homicidio como señala la ONUDH en México, tomando como principal línea de investigación las amenazas y agresiones relacionadas con la actividad periodística de nuestro compañero, como indican los estándares internacionales en relación a agresiones contra comunicadores(as) y personas defensoras de la libertad de expresión.
- No criminalizar a la víctima, como se hizo en el boletín de la Procuraduría de Justicia del Estado de B.C.S., en el que en primera instancia señalan que encontraron mariguana en el lugar del hallazgo del cuerpo, así como aclarar las inconsistencias en las informaciones públicas sobre la forma en que el periodista fue privado de la vida.
- Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga la investigación sobre el homicidio del periodista comunitario José Rafael Murúa Manríquez.
- Que el Mecanismo Federal de Protección informe las razones por las cuáles ni Rafael Murúa ni su familia ni Radio Kashana contaban con los protocolos necesarios para garantizar su seguridad.
- Que el gobierno de Baja California Sur y la Procuraduría General de Justicia del Estado, brinden medidas cautelares a los familiares de Rafael Murúa y a las y los colaboradores de la radio comunitaria Kashana 93.3 FM, como señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Abrir un diálogo para construir de manera inmediata, en colaboración con la sociedad civil, políticas públicas integrales para garantizar protección a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
- Hacer un análisis profundo del funcionamiento y resultados del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que brinde realmente protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores(as) comunitarios(as) e indígenas. La gravedad de las agresiones contra periodistas y la impunidad con que se cometen, exhibe a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, por lo cual esperamos que la nueva administración federal atienda de manera inmediata este llamado. La protección del derecho a la libertad de expresión es un indicador real de democracia en un país. Quedamos en espera de su pronta respuesta.
Comunicado completo Comunicado Sociedad Civil_Caso_Rafael_Murúa
