CARTA ABIERTA
S.S. Francisco, Máximo Jerarca de la Iglesia Apostólica y Romana, Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano
Las organizaciones firmantes que trabajamos en México, nos dirigimos a Usted con el fin de solicitarle respetuosamente que en los encuentros oficiales de su próxima visita al país, se refiera a la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos.
El año pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizaron visitas in loco al país. Ambos organismos internacionales constataron la grave crisis de derechos humanos que vive México y coincidieron en que la situación extrema de inseguridad, violencia e impunidad, y las alarmantes cifras de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas y torturadas, para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado reconocido, resulta impactante.
Tan solo de diciembre de 2006 a diciembre de 2014, se registraron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, de las cuales, 1,273 corresponden a denuncias contra militares. De igual forma, se tienen oficialmente contabilizados 27,638 casos de desaparición de personas, muchos de los cuales han sido cometidos por funcionarios públicos en el contexto de la actual política de seguridad. A estos casos recientes se deben sumar los 797 casos documentados de desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia que no han sido esclarecidos ni sancionados.
Así mismo, en lo que va de la presente administración, sólo por nombrar algunos ejemplos, 22 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por elementos militares en el Estado de México; 43 jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero fueron desaparecidos forzadamente sin que a la fecha se cuente con investigaciones concluyentes ni satisfactorias sobre la suerte y paradero de las víctimas, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal de los responsables; 17 periodistas han sido asesinados por su labor periodística[i] y el año pasado México ocupó el segundo lugar en América Latina por crímenes de odio por homofobia al registrar 1,218 asesinatos homofóbicos entre 1995 y 2014, habiéndose registrado 247 homicidios contra personas LGBTTT en lo que va del sexenio[ii]. De manera preocupante, 5 municipios del país se encuentran dentro de las 50 ciudades más violentas por homicidios a nivel internacional.[iii]
En Michoacán, entidad que Usted tendrá oportunidad de visitar, tan solo el año pasado fueron asesinados al menos 50 civiles a manos de la Policía Federal en los municipios de Apatzingán y Tanhuato, y un niño de 12 años fue arbitrariamente privado de su vida por elementos militares en la localidad de Ostula en un enfrentamiento armado.
En el Estado de México, entidad que también visitará, se han registrado niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Pese a la falta de cifras específicas disponibles sobre la violencia que padecen las mujeres en la entidad, en 2014 se registraron 27 feminicidios en once municipios del estado y en 2015, hasta el mes de agosto, se registraron 19[iv]. En Ecatepec, uno de los municipios con los índices de violencia más preocupantes, en 2014 se encontraron 7,000 restos óseos en un canal de aproximadamente 19 kilómetros; 16 cadáveres correspondieron a mujeres[v].
De manera similar, en Chihuahua, uno de los estados que más ha resultado afectado por la violencia generada por la guerra contra las drogas, 2,361 mujeres han sido víctimas de feminicidio en los últimos 20 años[vi]. Hasta el momento, no existen sentencias significativas que envíen un mensaje a la sociedad que esos delitos no son aceptables en México. Así mismo, se han hecho evidentes desplazamientos forzados de familias enteras obligadas a huir de sus hogares de origen. En Ciudad Juárez y sus alrededores, se estima que 254,426 personas dejaron sus hogares a causa de la violencia en el periodo de 2007 a 2011[vii]; el 41% de ellas cruzaron hacia Estados Unidos. Pese a la falta de una cuantificación y dimensión por parte del Estado mexicano de esta tragedia de carácter humanitario, en el transcurso del 2015 se registraron en el estado 3 eventos de desplazamiento forzado de al menos 560 familias[viii] que decidieron abandonar sus hogares a causa de la fuerte prevalencia de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, así como de violaciones a derechos humanos.
El desplazamiento interno forzado a causa de la violencia es un problema que afecta de manera preocupante a todo el país, con una estimación de 287,358 personas desplazadas al interior de la República, sin que exista política o institución alguna que dé respuesta a las víctimas para garantizar de manera integral sus derechos humanos.
En Chiapas, desde el conflicto armado interno en el estado en 1994, se estima que al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado. Aunado a esto, los altos índices de extrema pobreza y marginación en la entidad, han sido utilizados como un instrumento de represión y manipulación por parte del Gobierno del estado, el cual, sin una política pública integral, ha implementado medidas paliativas para lucrar con la pobreza de la población e incentivar estructuras clientelares y serviles a favor de su partido político.
Así mismo, como parte de los diálogos que sostendrá en encuentros oficiales en relación al cuidado del medio ambiente, la paz y la seguridad, le invitamos a que en su agenda no se omitan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio, recursos naturales, así como a decidir sobre sus formas de organización. Se trata de derechos que son sistemáticamente vulnerados en las entidades que visitará, y que a lo largo y ancho del país afecta a cientos de comunidades, producto de una política económica basada en el extractivismo que se ha visto materializada en las llamadas “reformas estructurales” del Presidente Enrique Peña Nieto. Los megaproyectos basados en la minería, agroindustria, represas, entre otros, sumados a la corrupción endémica en la que se priorizan los negocios de los gobernantes y sus aliados empresariales, han impulsado estrategias de despojo, así como de intimidación y criminalización contra las comunidades y las personas que las defienden.
Por otro lado, la población migrante en tránsito y solicitante de asilo ha sido por demás vulnerada en sus derechos por parte de autoridades y funcionarios que participan en eventos de detención o por parte de grupos del crimen organizado en complicidad con las autoridades. Las denuncias que organizaciones de migrantes venían haciendo desde el 2004, culminaron con la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas en el 2010, seguida de la aparición de fosas clandestinas en los estados de Tamaulipas y Durango en abril del 2011 y posteriormente el hallazgo de 49 torsos de cuerpos humanos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Esto, sumado a los más de 20,000 casos de secuestro documentados por 10 albergues de migrantes en el 2009 en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pese a diversos señalamientos en los últimos 6 años por parte de organismos internacionales sobre el carácter generalizado de la violencia e impunidad, y la falta de garantías para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la postura del Gobierno mexicano, particularmente en la presente administración, ha consistido en minimizar y señalar los casos de graves violaciones a derechos humanos como hechos aislados. Además, se han emprendido o tolerado campañas de desprestigio en contra de las y los titulares de mecanismos internacionales de derechos humanos, como se hizo en contra del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, el Sr. Juan Méndez, quien evidenció el carácter generalizado de la tortura en México, del Comité de Naciones Unidas en contra la Desaparición Forzada de Personas o en contra del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa, el cual, por si fuera poco, ha auxiliado a enderezar el rumbo de las investigaciones de la Procuraduría General de la República en torno a la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Guerrero.
Así mismo, la política de invitación abierta y permanente a mecanismos internacionales de derechos humanos que había mantenido México, está en franco retroceso ante la evidente dilación y falta de respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para confirmar las fechas de las visitas al país de los Relatores de la situación de las y los defensores de derechos humanos y de desplazamiento interno forzado, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
De igual manera, Usted debe tener presente que el Estado mexicano se niega a aceptar la responsabilidad que han tenido el ejército y la marina en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Por el contrario, se ha fortalecido la presencia de las fuerzas armadas del país en tareas de seguridad pública, funciones propias de la policía civil tal como lo ordena la Constitución Mexicana.
Para nosotras es muy importante, dado el altísimo número de víctimas de violaciones a derechos humanos, que la agenda de su visita considere a esas víctimas, muchas de las cuales requieren del reconocimiento y respaldo internacional ante la absoluta indolencia del Estado mexicano.
Las organizaciones que suscribimos esta carta, reconocemos la labor de la Santa Sede en la promoción del derecho humanitario internacional, así como por la defensa de la dignidad humana durante los conflictos armados y en tiempos de paz, por lo que confiamos en que, no solo su mensaje espiritual, sino su solidaridad internacional hacia las víctimas, ayudará a que no se pierda fe en la paz y la justicia en nuestro país.
Agradecemos de antemano su amable atención y aprovechamos para expresarle nuestras más altas y distinguidas consideraciones.
Atentamente,
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM
Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia A.C.]
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo, A.C. (DECA Equipo Pueblo)
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO, A.C.)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres
Freedom House
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Indignación
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.
Instituto de Justicia Procesa Penal
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C (Serapaz)
Sin Fronteras I.A.P.
Servicios para una Educación Alternativa A. C
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua)