Señor Presidente,
Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales que suscribimos la presente nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestro rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones emitidas por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a los Informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, el Sr. Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
En particular el posicionamiento del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos quien calificó el Informe del Relator sobre Tortura como “no profesional y poco ético”, es de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos. Lo anterior, se vio agravado a partir del respaldo emitido por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
Es inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar no solamente el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2006, así como el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República por este delito; sino el hecho de que los innumerables casos documentados dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país.
Por otro lado, la preocupante y desafortunada postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de no querer “trabajar más con el Relator de tortura” no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, los cuales están orientados a un diálogo genuino que permita debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento, así como una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales, sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país.
Así mismo, expresiones tales como las emitidas en febrero y marzo de este mismo año por parte de la Secretaría de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad, respectivamente, en relación a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, luego de su primera evaluación de la situación en México, así como las emitidas recientemente descalificando el carácter generalizado de la tortura documentado por el Relator de Naciones Unidas, manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, estas expresiones abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano.
Las organizaciones, integrantes de la academia, activistas, defensoras y defensoras de derechos humanos que documentamos las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de una probada estrategia fallida de seguridad; que acompañamos a víctimas y familiares de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, desplazamiento interno forzado, ejecuciones extrajudiciales, intimidación y amenazas por defender sus derechos, su tierra y territorio, o ejercer un periodismo independiente e imparcial, hemos experimentado de primera mano la debilidad de las salvaguardias institucionales de prevención y protección ante estos delitos a lo largo y ancho del país.
La falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, manifestada en el creciente y preocupante desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte de su administración, representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho. Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos.
Señor Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos. La invitación abierta y permanente que sostiene México a mecanismos internacionales de derechos humanos, se diluye ante el desconocimiento de las observaciones emanadas de dichos mecanismos, conformados por personas expertas y de reconocido prestigio internacional, quienes sobre la base de información objetiva y fidedigna, y guiadas por los principios de integridad, transparencia e imparcialidad, contribuyen en la promoción y protección de los derechos humanos.
La autocomplacencia y la falta de voluntad para atender lo que verdaderamente ocurre en el país, no contribuye a las acciones necesarias para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En consecuencia, le solicitamos rectifique las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y atienda las recomendaciones presentadas en sendos Informes a la brevedad.
Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.
Atentamente,
ARTICLE 19. Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales (CEJUDESC)
DECA Equipo Pueblo, A.C.
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Freedom House México
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
IDHEAS Litigio Estratégico A.C
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde A.C.
JASS (Asociadas por lo Justo)
Propuesta Cívica
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C (SERAPAZ)
World Organisation Against Torture (OMCT)
c.c.p. José Antonio Meade Kuribeña. Secretario de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.
c.c.p. Juan Manuel Gómez Robledo. Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.
c.c.p. Juan E. Méndez. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para su conocimiento.
c.c.p. Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.