• La Plataforma de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, al agua y una atención diligente a los incendios.
• Se desconoce el número exacto tanto en incendios como la dimensión del área afectada en el estado, pero no su letalidad, pues ya han cobrado 6 vidas humanas en San Lucas Quiavini y San Pedro Cafetitlán así como daños a la flora y fauna. Pero tampoco hay que olvidar la enorme devastación que ocurre en la Región de los Chimalapas.
• Hacemos un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a emitir una alerta temprana ante la devastación causada en todo el estado, situación que vulnera aún más los derechos humanos de la población oaxaqueña.
Para la Plataforma de Derechos Humanos, alianza de organizaciones interesadas en el avance de los derechos humanos en Oaxaca, la problemática medioambiental es parte de nuestra Agenda de derechos humanos 2023. Este año hemos visto un fuerte incremento en el número de incendios, nos preocupa la falta de observancia del principio de la debida diligencia para la atención de los incendios, vulnerando el derecho de las personas a vivir y disfrutar de un medio ambiente sano, así como el derecho a la salud, a la vida, al agua y otros derechos fundamentales.
Desde hace algunos meses, hemos visto con preocupación el aumento de superficies afectadas por incendios forestales en el Estado de Oaxaca. Estadísticamente aún no existen datos precisos en las páginas oficiales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) o en la Comisión Estatal Forestal (COESFO) que den cuenta a la fecha del número de incendios que se han presentado en el presente año, y menos aún la superficie afectada; con ello se vulnera el derecho a la información. sin embargo, son las propias comunidades y los medios de comunicación quienes han dado a conocer estos siniestros.
Dentro de las comunidades afectadas en el estado de Oaxaca, se encuentran comunidades como Villa Díaz Ordaz, San Pablo Villa de Mitla y San Miguel del Valle, así como otras comunidades de la Sierra Sur, Istmo y Sierra Juárez, en donde la mayoría de sus bosques y reservas naturales han sido consumidas por el fuego. De acuerdo con pobladores, sabemos que, a pesar de que las autoridades agrarias se han organizado con sus comuneros para combatir de manera inmediata los siniestros, éstos se han visto rebasados por su magnitud, por lo que las autoridades comunitarias han solicitado el apoyo de las instituciones estatales y federales para conjuntar esfuerzos y poder sofocar los siniestros.
La respuesta de las autoridades estatales y federales no ha sido ni inmediata, ni eficaz, ni eficiente, y ello es evidente cuando se observa que responden a los llamados casi una semana después de que los incendios han acabado con los bosques y reservas naturales, como ocurrió en el reciente caso en la comunidad de Mitla en la región de los Valles Centrales.
A la fecha los incendios han provocado la pérdida de 6 vidas humanas como es el caso de San Lucas Quaviní, y recientemente en San Pedro Cafetitlán, Pochutla. Asi como el desalojo de cientos de personas adultos mayores, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes quienes abandonaron sus viviendas en la comunidad de EL Chilar, Candelaria Loxicha, luego de que incendio forestal que lleva más de una semana, ha salido de control pone en peligro a pobladores.
La tardía respuesta del gobierno estatal y federal pone en evidencia no sólo una falta de capacidad, sino además una falta de perspectiva para entender como la devastación de la flora y fauna impacta de manera significativa en el disfrute de los derechos humanos de todas las personas, quienes tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, adecuado para nuestro desarrollo y bienestar como lo marca el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que todas las autoridades por mandato constitucional tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo al Artículo 1.
A pesar de que año con año aumentan los casos de incendios forestales, el presupuesto destinado para acciones preventivas y de atención se han ido reduciendo por una supuesta política de austeridad republicana. Urgimos a contar con instituciones que tengan la capacidad de responder de manera coordinada y eficiente, desde el gobierno federal hasta los gobierno municipales o comunitarios. En este sentido vale la pena destacar como lo señala el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos que estar preparados para el aumento global de incendios extremos de hasta un 14% para el 2030 debido al cambio climático y al cambio en el uso de la tierra.
Hacemos un llamado a que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), implemente el mecanismo de Alerta Temprana para motivar que el Gobierno del Estado tenga una actuación más diligente, eficaz y eficiente, ya que es evidente la puesta en riesgo de las vidas humanas y su entorno natural, así como y la vulneración de los derechos humanos de todas las personas que vivimos en este Estado de Oaxaca.
Integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos
Caminos A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C.; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA DH), Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Nduva Ndandi A.C.; Colectivo de Mujeres de Ayutla; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Defensores por la Justicia; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); Las Consejeras Oaxaca; Luna del Sur A.C.; OaxaTrans A.C.; Piña Palmera A.C.; Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Tequio Jurídico A.C.