La erradicación de la tortura en México requiere de Poderes Judiciales locales y Fiscalías Especializadas independientes que cumplan con sus obligaciones
- La actualización del Protocolo de Estambul renueva la reflexión en torno a su deficiente aplicación en México.
- Fiscales, juezas y jueces elevan indebidamente la carga de la prueba.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 07 de julio de 2022
En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura conmemorado el pasado 26 de junio de este año, reunidas y reunidos defensoras y defensores de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, compartimos oportunidades, preocupaciones y exigencias en la lucha por la erradicación de la tortura en México.
Nos encontramos en la víspera de la actualización del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), presentada en Ginebra el miércoles 29 de junio. Las oportunidades que presenta esta nueva versión nos convoca a exigir de las y los operadores del sistema de justicia respuestas efectivas en virtud de que su aplicación es obligatoria según la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGPIST).
Estamos, además, a un año de la presentación de los Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información, conocidos como Principios Méndez, que buscan la integración de técnicas de entrevista respetuosas de la integridad de la memoria y el respeto de las garantías legales con énfasis en las primeras horas después de la detención, contexto en el que la tortura es recurrente con la finalidad de fabricar pruebas y culpables.
Estamos conscientes de que este fenómeno requiere de múltiples transformaciones, por lo que este documento presenta sólo algunas exigencias que compartimos en el foro “Avances y Retos en la investigación de la tortura en México”:
A la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Generales de Justicia de los estados, advertimos que es necesario un fortalecimiento interno para las y los operadores que investigan y dan seguimiento al enjuiciamiento de casos; que sus investigaciones deben ajustarse a estándares de prontitud, eficacia, exhaustividad e independencia; que en ellas se reconozcan las responsabilidades de las y los superiores jerárquicos; y que no sometan a las víctimas a prácticas revictimizantes.
Además de la falta de independencia, notamos la falta de investigaciones de oficio en algunas entidades, incluso tratándose de hechos que son de dominio público.
Es fundamental eliminar el papel “indispensable” que equivocadamente se ha dado a la dictaminación médica-psicológica conforme al Protocolo de Estambul. Esto indica un desconocimiento del manual. Lo correcto es que las y los fiscales consideren como prueba directa el testimonio de la víctima y datos de prueba circunstanciales.
En los casos en que la dictaminación sea necesaria y consentida por la víctima, las fiscalías deben darle el peso y valor probatorio a los peritajes independientes.
Al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales de los estados, exigimos que cumplan con sus obligaciones jurisdiccionales en la erradicación de la tortura del sistema de justicia penal. Entre ellas, la de excluir pruebas ilícitas bajo un estándar indiciario que no debe superar el necesario para dictar un auto de vinculación.
A pesar la prohibición absoluta de incorporar pruebas ilícitas al proceso penal, hay experiencias de jueces y juezas que plantean excepciones no previstas en la Ley General y que abiertamente incentivan la tortura con fines de producción probatoria.
Además, insistimos en que deben conocer el Protocolo de Estambul para eliminar la idea del dictámen médico-psicológico como indispensable; y la noción de un peritaje “tercero en discordia” que no corresponde con la obligación internacional de erradicar esta grave violación a los derechos humanos. Las y los jueces, en virtud del principio de inmediación, en cualquier etapa y garantizando la seguridad de la víctima, deben escuchar el testimonio de la víctima.
A los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión, recordamos que tienen un papel central en etiquetar presupuestos específicos para las Unidades o Fiscalías Especializadas, pues en muchos casos son instituciones de fachada; así como los fondos que permitan una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de estos hechos.
Después de cinco años de la publicación de la LGPIST, varios estados han omitido la obligación de armonizar su marco jurídico.
Al Gobierno de México, exigimos visibilizar el fenómeno de la tortura, cuya comisión es generalizada y probadamente sistemática en México.
Recordamos que se encuentra pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el Registro Nacional del Delito de Tortura, que debería operarse por la Fiscalía General de la República.
Mientras estos avances necesarios ocurren, nos solidarizamos con las personas sobrevivientes de tortura y con las familias que se han organizado para luchar contra la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas que enfrentan el sistema de justicia penal.
Unidas nuestras voces, exigimos justicia en los siguientes casos:
- Libertad inmediata de todas las personas privadas de la libertad que han sido víctimas de tortura;
- Libertad de Kenia Inés Hernández Montealbán;
- Justicia en el caso de Salvador Olmos García, activista de Huajuapan de León, torturado y ejecutado por policías municipales;
- El desistimiento de la acción penal en contra del padre Marcelo Pérez Pérez, por parte de la Fiscalía General del estado de Chiapas.
- Por violaciones al debido proceso y estar acreditada la comisión de tortura en su contra, exigimos la libertad inmediata de Honorio Corcuera y Margarito González, personas afromexicanas presas injustamente.
Firman
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.
Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” A. C.
Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C.
Adriana Reyes Flores, perita independiente en psicología forense y miembro de la REDD
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”