Boletín
25 de junio 2022
Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez son dos hombres afromexicanos, originarios de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, México, que se encuentran privados de su libertad y sin sentencia desde diciembre del 2011, por un delito que no cometieron.
La prisión preventiva a la que se encuetran sujetos resulta excesiva y desproporcionada ya que a la fecha no existe una sentencia que señale y compruebe su participación y menos aún su responsabilidad penal en los delitos que se les atribuyen, razón por lo cual dicha prisión preventiva equivale a una pena anticipada, lo que resulta violatorio a las garantías del debido proceso.
Aunado a ello, Honorio y Margarito han sido víctimas de tortura y discriminación a pesar de ello, no han sido puestos en libertad.
La tortura contra Honorio y Margarito ha sido señalada ya por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en su Recomendación 13/2016 y recientemente el Gobierno de la República ha señalado estar en contra de prácticas de tortura y ha asumido el compromiso de implementar acciones efectivas para erradicarla, inclusive, emitió en el 2021 un Decreto para que las personas que hayan sido víctimas de este delito obtengan su libertad.
La tortura es una violación grave a los derechos humanos a la que se suman otros derechos violados, de los actos de tortura y malos tratos se derivan impactos psicosociales como la sobrecarga de trabajo y responsabilidad en la estructura familiar, deterioro en la solvencia económica de las necesidades del hogar, desintegración familiar, así como estigmatización y rompimiento del tejido social.
Este caso es una muestra de la injusticia y la impunidad que prevalece hacia personas en estado de vulnerabilidad y empobrecimiento, por ello exigimos libertad inmediata y reparación del daño para ellos y sus familias.