ACCIÓN URGENTE
Oaxaca, 5 de junio de 2020
OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS ESTÁ PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN TANIVET, OAXACA
Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional
Correo electrónico: alejandro.murat@oaxaca.gob.mx
Twitter: @alejandromurat
Héctor Anuar Mafud Mafud
Secretario General de Gobierno
Correo electrónico: hector.mafud@oaxaca.gob.mx
Twitter: @HectorA_Mafud
Raúl Ernesto Salcedo Rosales
Secretario de Seguridad Pública
Twitter; @SSP_GobOax
Jacobo Olaf Rodríguez García
Subsecretario de Prevención y Reinserción Social
Eduardo Pinacho Sánchez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
correo electrónico: epinacho@tribunaloaxaca.gob.mx
Twitter: @tsjoaxaca
Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General de Justicia
correo electrónico: fiscalia@fge.oaxaca.gob.mx
Twitter: @FISCALIA_GobOax
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
correo electrónico: defensoria@derechoshumanosoaxaca.org
Poder Judicial de la Federación
Twitter: @CJF_Mx
El Comité de Defensa Integral de derechos Humanos Gobixha AC., (Código DH) a través del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) ha tenido conocimiento de mujeres privadas de libertad en el Centro de Readaptación Social del municipio de San Francisco Tanivet, y sus familiares, de hechos que las ponen en riesgo, en el contexto de la actual pandemia.
Alrededor de 42 mujeres se han inconformado por la falta de medidas sanitarias, omisión atribuible inicialmente a la autoridad penitenciaria. Según ellas, hace varias semanas no reciben información sobre la pandemia; tienen versiones de contagios por COVID-19 en la sección varonil y no les han informado oficialmente; reciben visita sábados y domingos sin medidas de distanciamiento o filtros de sanitización; y la autoridad penitenciaria les ha delegado la responsabilidad de hacer o comprar sus líquidos antibacteriales.
Esta información corrobora las preocupaciones de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca, en su comunicado del 3 de junio, en virtud de que hasta ese día las personas privadas de libertad en dicho CERESO no habían sido notificadas oficialmente de casos de contagio por COVID-19 ni las medidas preventivas que se implementarían.
Por ejemplo, dichas medidas no se tomaron en las áreas de trabajo, donde confluyen las personas de todos los pabellones, por lo cual no tienen certeza de si el virus ha sido contenido, porque además no se han aplicado pruebas de diagnóstico.
Sabemos que las mujeres inconformes han recibido amenazas de muerte dentro del propio CERESO, en el contexto de un conflicto con compañeras suyas, mismo que, nos parece, se originó por la desinformación oficial y la falta de medidas que garanticen sus derechos a tener contacto con sus familiares en condiciones de seguridad sanitaria.
Ante la responsabilidad del Estado como primer garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como lo prevén la Constitución mexicana, los tratados y la jurisprudencia internacionales, y la Ley Nacional de Ejecución Penal,
¡Exigimos a las autoridades estatales!:
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Atender de manera respetuosa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, el conflicto ocasionado por sus omisiones, evitando el uso de medidas disciplinarias o cualquiera otra como los traslados arbitrarios
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Adoptar las medidas sanitarias para garantizar la salud de todas las personas privadas de la libertad en el estado y transparentar la información sobre los contagios por COVID-19
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Informar periódicamente a las personas privadas de la libertad sobre el contexto de la pandemia, y las medidas nacionales e internacionales recomendadas
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Resolver cuanto antes las solicitudes de liberación considerando las comorbilidades
Además, reiteramos lo que hemos recomendado en otros estados:
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Favorecer medidas cautelares en libertad y preliberaciones, de acuerdo con la ley;
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Acelerar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, para los casos aplicables del fuero Federal;
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Adecuar la infraestructura y proveer al personal condiciones dignas y seguras; y
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Permitir la fiscalización institucional y ciudadana externas, para constatar las condiciones de dicha población en situación de vulnerabilidad social.
¡Nos mantendremos vigilantes!
Descarga el comunicado
Código-Tanivet COVID 19_JUN05_2020_EDIT (1)