Durante la presentación del informe ‘Impunidad y negación de la tortura en Oaxaca 2017-2018’, que se llevó a cabo el pasado 6 de febrero en la capital del Estado, Patricia Cruz Ramos, psicóloga y perita en investigación y documentación de la tortura, terapeuta y doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el informe surgió por la urgencia del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), de coadyuvar en la implementación de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGT), aprobada en 2017.
Detalló que para la realización del reporte “se solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que nos proporcionara expedientes sobre tortura, tratos o penas crueles (TPCID), detención arbitraria, abuso policial en general, y negligencia médica entre 2017 y 2018″, de las oficinas centrales en la ciudad de Oaxaca, y las oficinas regionales de Tehuantepec y Juchitán.
Cruz Ramos aseguró que además de los expedientes solicitados, contaron con la colaboración de las vicefiscalías regionales y la cooperación de un grupo focal realizado con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que estuvo constituido por 17 personas, 6 mujeres y 11 hombres con edades entre 19 y 29 años. Uno de los objetivos de la realización de este grupo focal, puede leerse en el informe, “era conocer la percepción de seguridad que los jóvenes estudiantes tienen de las colonias donde viven, así como, las prácticas de abuso policial que han detectado”.
La investigadora puntualizó que Código DH tuvo acceso a 120 expedientes, de los cuales 84 fueron revisados y el resto no fueron incluidos debido a que no reunían la información suficiente para calificar los hechos como tortura o TPCID, y se reclasificaron los expedientes que fueron proporcionados por la Defensoría. Dijo, además, que los criterios que utilizaron para calificar un caso como tortura y reclasificarlos fueron los señalados en la LGT y los métodos de tortura expuestos, secuelas físicas y psicológicas se apegaron a los referidos en el Protocolo de Estambul.
Del total de casos revisados y reclasificados, informó Cruz Ramos, se encontró que el 58 por ciento fueron casos de tortura, y el 42 restantes fueron de TPCID. “Esto es importante, subrayó, porque la Defensoría únicamente tenía contabilizados 15 casos de tortura en las oficinas centrales y 13 más en las oficinas regionales en el mismo periodo de tiempo, lo cual indica al menos 21 casos de tortura sin registrar, de acuerdo a los hallazgos encontrados en esta investigación.
Finalmente, Patricia Cruz Ramos mencionó que el informe registró 26 métodos de tortura aplicados de manera combinada por directores de penales, custodios y agentes estatales de investigación, y 12 métodos de TPICD aplicados contra la población privada de la libertad.
“Entre los objetivos del informe buscamos hacer una serie de recomendaciones a la Fiscalía General de la República, al Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la defensoría de los derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca”, enfatizó.