La tortura en México es una práctica sistemática. Los niveles de impunidad con que se desempeñan las autoridades aumenta la desconfianza de las víctimas hacia los órganos impartidores de justicia e inciden en la revictimización de las personas que han vivido graves violaciones a sus derechos humanos pues sus denuncias no son atendidas y los culpables rara vez son castigados por sus crímenes.
En su reporte Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca. Informe sobre Tortura y Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2017-2018 publicado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), destacó que una investigación del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de la Américas-Puebla en 2016, registró que el grado de impunidad en Oaxaca con respecto al resto de las entidades federativas fue del 71 por ciento y el de casos no denunciados de 93.3 por ciento, lo que indica claramente la poca credibilidad que la población tiene en los órganos impartidores de justicia en el estado.
La investigación de Código DH señaló además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó que de 2000 a 2017 procesó 417 quejas por tortura y otras 11 mil 196 por tratos crueles inhumanos y degradantes. De estas, la entidad gubernamental sólo emitió 100 recomendaciones por tortura y 191 más por tratos crueles.
El informe reveló que las cifras por estos delitos están muy por encima de lo registrado si a éstas se suman las víctimas indirectas pues el número aumenta por mínimo dos personas -padre y madre de la víctima, en caso de ser menor de edad y sin pareja-, aunque la mayoría de las víctimas, aclara el reporte, son mayores de edad que cuentan con pareja e hijos, lo que eleva la cifra de víctimas directas e indirectas de la tortura.
En el informe Situación de la Tortura en México, que presentaron conjuntamente La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), se destaca que en México los hechos de tortura ocurren en la mayoría de los casos al momento de la detención, durante los traslados y en centros de detención clandestinos. Organismos de Derechos Humanos del Estado como organizaciones civiles refrendaron estos datos datos.
Según el informe de Código DH, los tiempos de traslados para ser presentados ante alguna autoridad son momentos propensos a la tortura, pues al carecerse de registros más precisos de la detención y localización del imputado o bajo resguardo de qué autoridades se encuentran, los elementos policiacos ejercen abusos psicológicos, físicos o sexuales que generalmente van dirigidos a mujeres y hombres jóvenes en situación de pobreza. Por lo que urge, destaca el informe, que la Ley General de Tortura, aprobada en Oaxaca en junio de 2017, sea armonizada con las normas internacionales que brindan mayor cobertura a las víctimas.